La ley de amnistía en beneficio de los golpistas catalanes de 2017 y con la que Pedro Sánchez compró su investidura para seguir en el poder, que luego justificó como ‘bálsamo’ para recuperar la concordia en Cataluña, ha degenerado en una monumental bronca nacional, con enfrentamientos de todo orden político, jurídico, institucional y personal.

Empezando por el Senado donde el PP ultima la presentación, en contra del Congreso, de un ‘conflicto institucional’ porque considera que la ley para la amnistía que aprobó la Cámara Baja es inconstitucional, como lo denuncia el informe de los letrados de la Cámara Alta. Un ‘conflicto’ del que no se sabe si va a prosperar e incluso llegar al Tribunal Constitucional lo que alteraría el calendario de la tramitación de la ley de amnistía en las Cortes.

Y por si algo faltara en este continuo estallido de la ‘concordia’ catalana, con el que Sánchez justifica la ley de amnistía, sus socios de ERC exigen ahora, además de una quita de 15.000 M. euros a la deuda catalana, la cesión por el Gobierno a Cataluña de su independencia fiscal en línea con el ‘cupo’ fiscal del País Vasco. Lo que sería inconstitucional y ya ha provocado la rebelión y la natural oposición del resto de las CC.AA.

El tercer escenario de la concordia fallida es en el que, al calor del adelanto de los comicios autonómicos catalanes al 12........

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