El Tribunal Supremo ha lanzado el órdago definitivo al Gobierno al rechazar de forma contundente que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y algunos otros condenados en su día por sedición en el proceso separatista de Cataluña de 2017 puedan ser amnistiados. Al menos, por el delito de malversación del dinero público con el que financiaron aquella declaración unilateral de independencia. Se trata de dos resoluciones, una de la Sala del Supremo, que condenó a los trece líderes separatistas, y una segunda, del magistrado Pablo Llarena, que mantiene abierto así el proceso penal contra Carles Puigdemont. Por lo tanto, también sigue vigente su orden de detención internacional.

Estas resoluciones son argumentos jurídicos, sí, pero con innegables e inciertas consecuencias políticas. De momento, el Gobierno de Pedro Sánchez, que había negado siempre la constitucionalidad de la amnistía, aunque en los últimos meses la ha alabado asumiendo un retorcimiento de la legalidad a cambio de siete votos de Junts, ya sabe que la interpretación del Tribunal Supremo convierte su ley en papel mojado. En chatarra jurídica. Sánchez diseñó una ley para satisfacer a Puigdemont a cambio del respaldo de Junts, y ahora el panorama político se torna imprevisible. La promesa política del Ejecutivo se ha convertido en un impedimento jurídico que invita a dejar en el aire la legislatura. Si Junts y ERC no han logrado su objetivo, y llegan a interpretar que la incapacidad del Gobierno para ‘controlar’ al Tribunal Supremo, como hace con la Fiscalía y la Abogacía del Estado ya no es reversible, la legislatura puede quedar herida de muerte. Si a ello se le añade el tono de la reacción de los socios de gobierno con el PSOE por haber pactado la renovación del Poder Judicial con el PP, la alianza gubernamental queda agrietada. Y la fiabilidad de Sánchez para ellos, también.

Atrás queda el discurso inventado por Pedro Sánchez sobre la amnistía como un........

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