En ocasiones, simplificar los fenómenos complejos ayuda a arrojar la luz necesaria para comprenderlos más allá de la hojarasca jurídica y los adornos absurdos. Cuando El Confidencial publicó en febrero que el comisionista del Ministerio que ocupó José Luis Ábalos y el empresario Javier Hidalgo se reunieron con Begoña Gómez para “presentarle” negocios, y cuando la Fiscalía filtró en marzo en plena tarde noche que fue la pareja de Isabel Díaz Ayuso quien trató de negociar un acuerdo por su fraude fiscal declarándose culpable, no hubo otra cosa que una acción-reacción. A una realidad política publicada objetivamente por ese periódico, una Fiscalía instruida convenientemente desde La Moncloa replicó otra realidad política. A un episodio de corrupción en el PSOE siempre debe seguir la filtración de otro más grave en la oposición. A un escándalo en el entorno más directo de Pedro Sánchez debía seguir otro en el de Díaz Ayuso. Si la mujer de Sánchez estaba salpicada, el auténtico corrupto era el novio de Ayuso.

Nada se hizo desde la Fiscalía, filtrando datos confidenciales de un ciudadano a conciencia, conforme a las reglas de la presunción de inocencia, la reserva de datos personales y las garantías jurídicas en un Estado de derecho. Por eso el fiscal general delinquió. Presuntamente, que no se diga. Por forzar una maquinaria político-mediática reactiva con la que poder aplacar la ira del presidente del Gobierno frente a la evidencia de que La Moncloa se había convertido en un ‘workcenter’ -no confundir con ‘woke center’- de Begoña Gómez.........

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