En el pleno parlamentario del pasado martes sobre la ley de amnistía, los socios parlamentarios del Gobierno no cesaron en una descalificación contundente y sistemática hacia el poder judicial. Ya fuera la portavoz de Junts, que señaló con nombre y apellidos a varios jueces, todos ellos tildados reiteradamente de prevaricadores; también la portavoz de ERC, así como el de Bildu; y lo mismo el portavoz del cogobernante Sumar. Eran insultos que, por causa de la inmunidad parlamentaria, no acabarán en los juzgados, pues, fuera de ese ámbito parlamentario, constituyen un permanente delito de calumnias. Con esta gente, el estado democrático de derecho, que exige riguroso respeto a las actuaciones dimanantes del poder judicial, acabaría en un estado, sí, pero de jungla abierta: todo lo que no sea darles la razón en todo debe ser rechazado y perseguido. No hacían sino recordar las zafiedades del expresidente Trump, que a la salida de los múltiples juicios que se siguen contra él en Estados Unidos no hace otra cosa que denunciar a quienes le acaban de juzgar.

En definitiva, en sus intervenciones enloquecidas, esos portavoces no hacían sino recordar lo ya sabido: su integrismo rampante, propio del carlismo del siglo XIX, incapaz por definición de ajustarse a las exigencias de un régimen democrático. Incompetentes para comprender aquella frase luminosa de John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos, en septiembre de 1962: “Si este país llegara al punto en que cualquier hombre o grupo de hombres por la fuerza o la amenaza de la fuerza, pudiera desafiar los mandamientos de nuestros tribunales y de la nuestra Constitución entonces ninguna ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato, y ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos”. El nefasto lawfare, concepto bolivariano o trumpista, tanto........

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