Entre otras desgracias, el coronavirus ha venido a poner en evidencia los problemas que aquejan a nuestro Estado de las autonomías desde hace tiempo, asuntos que afectan al campo educativo, al sanitario, al competencial, al económico y lógicamente al político. Son problemas viejos hace tiempo identificados, sus disfunciones denunciadas con largueza, que la gran riada de la covid ha venido a sacar a la superficie para exhibirlos sin pudor ante el español medio. Los ataques al castellano como lengua vehicular, la disparidad de criterios sanitarios a la hora de combatir la pandemia, la inflación legislativa que, en lo económico, amenaza la unidad de mercado, las diferencias fiscales entre unas comunidades y otras… El problema, cuya gravedad a nadie escapa, ha adquirido esta semana una nueva dimensión con el acuerdo alcanzado entre ERC y el presidente Sánchez para acabar con las ventajas fiscales que disfrutan los residentes en la Comunidad de Madrid. Todas las costuras del Estado autonómico, ya muy dadas de sí, han saltado por los aires. Porque es esa organización del Estado la que posibilita que un rufián (“hombre vil y despreciable que vive de engañar y estafar”, según la segunda acepción del sustantivo que figura en el diccionario de doña María Moliner) pretenda decirnos, precisamente él, que aspira a la independencia fiscal y a la otra también, qué impuestos y en qué cuantía deben pagar los madrileños.

Sostiene José Tudela, autor de 'El fracasado éxito del Estado autonómico. Una historia española' (Marcial Pons, 2016), que el éxito que acompañó en los primeros años de la transición a nuestro Estado autonómico comenzó a quebrarse en 2006 con el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña y las reformas estatutarias que le siguieron, hasta convertir aquel éxito en un fracaso. Para Tudela, como para otros autores, la demostración más evidente de ese fiasco es que “el Estado autonómico no ha servido para integrar a los nacionalismos” en un proyecto colectivo de país, particularmente en una Cataluña (el famoso cupo ha atemperado la tormenta en el País Vasco) donde a partir de 2012 se han multiplicado los partidarios de la independencia hasta llegar a la rebelión institucional que significó el procés. Una conclusión que no deja de sorprender si tenemos en cuenta que ya entre los redactores de la Constitución y aledaños había quien desconfiaba de que el “café para todos” autonómico cocinado por Adolfo Suárez sirviera para aplacar las pulsiones de los nacionalismos catalán y vasco en la búsqueda de un Estado propio.

Es verdad que el “problema catalán”, más allá de la resignada conllevanza que recomendaba Ortega, se yergue hoy como el obstáculo más difícil de superar en términos de solución integral de futuro, pero no lo es menos que hay........

© Vozpópuli