Ayer, 23 de marzo, el Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid acordó incoar diligencias por un delito de prevaricación / lesiones por imprudencia profesional contra el Delegado de Gobierno de Madrid, cuyo contenido e implicaciones jurídicas les voy a intentar explicar y resumir.

Se trata de una resolución dictada tras la presentación de una denuncia en la que se imputa tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como a los 19 delegados de Gobierno de las diferentes CCAA, un delito de prevaricación administrativa en relación con las autorizaciones concedidas para la celebración de actos multitudinarios los días 7 y 8 de marzo a pesar de la recomendación emitida por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades (ECDC) de fecha 2 de marzo de 2020 sobre el Covid-19.

La juez se declara incompetente para investigar al presidente del Gobierno (goza del privilegio de estar aforado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo) y a los delegados de Gobierno de otras comunidades autónomas distintas a Madrid (las decisiones se adoptaron en las respectivas CCAA donde ejercen sus competencias). Así que les adelanto que es más que probable que en cuestión de pocos días o incluso horas el abogado denunciante proceda a la interposición de la denuncia contra Pedro Sánchez ante el Supremo y contra los diferentes delegados de Gobierno ante los juzgados de instrucción competentes en cada comunidad autónoma.

No obstante, el hecho de que este procedimiento penal vaya a ceñirse a un único investigado no impide........

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