Vox ha hecho de la inmigración un caso de guerra y, en coherencia, acaba de romper los pactos con el PP en las seis comunidades autónomas donde gobiernan juntos o se necesitan. Sin duda, es un golpe en el tablero político de imprevisibles consecuencias. La razón ha sido el plan de distribución y reparto voluntario de 347 menores extranjeros no acompañados planteado por el PSOE que el PP ha terminado aceptando con su voto favorable en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud celebrada en Santa Cruz de Tenerife. El acuerdo migratorio definitivo deberá votarse y aprobarse en el Congreso de los Diputados, y tanto Junts como ERC ya han anunciado que votarán en contra: en el fondo, es su forma de decir que ellos no forman parte de España, que quieren tratos de favor y todos los privilegios que sean posibles para su territorio pero que este no asuma la responsabilidad que le corresponde, especialmente en una cuestión tan peliaguda como la inmigración, que exige colaboración entre partidos políticos y visión de Estado. Por lo que nuevamente será el PP el salvavidas del Gobierno de Sánchez en un asunto tan sensible como relevante. La reforma definitiva de la Ley de Extranjería aspira a establecer un modelo obligatorio de distribución y acogida de los menores una vez que los territorios saturados alcancen el ciento cincuenta por ciento de su capacidad de acogida. Aquí todavía no hay acuerdo.

Vox no ha querido echar el freno en sus amenazas de romper con el PP allí donde gobernaban juntos y ha cumplido su amenaza. No iba de farol. El de la inmigración irregular y sus consecuencias es su tema por antonomasia y una de las razones fundamentales por la que se fundó y sigue vivo, y por la que miles de personas le dan habitualmente su........

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