El debate sobre la reforma de las reglas fiscales sigue abierto, y falta ya poco tiempo para la reactivación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. España y toda la Unión Europea se juegan mucho en esta negociación, que no por importante no deja de ser una parte de un debate de mucho más calado sobre la gobernanza económica de la zona euro.

Recordemos que la Comisión publicó en noviembre de 2022 una Comunicación con orientaciones sobre la reforma del marco fiscal europeo, tras la cual mantuvo largas discusiones con los Estados miembros que se tradujeron finalmente en una propuesta legislativa presentada en abril de 2023. La propuesta incluía muchos elementos positivos, como la fijación de sendas de ajuste hacia el equilibrio presupuestario diferenciadas para cada país (en función de sus características), la sustitución de la regla de déficit estructural (no observable) por una regla de gasto nominal (observable) una vez alcanzado el equilibrio, la supresión de la absurda norma de reducción de un veinteavo de la deuda cada año, o la posibilidad de alargar la duración del ajuste de 4 a 7 años si se hacen reformas estructurales.

En otras cosas, por el contrario, la Comisión no ha estado fina, como en el mantenimiento de algunos elementos estructurales en la regla de gasto teóricamente observable (deducción de los gastos cíclicos de desempleo, que obliga a calcular el equivalente estructural), o se ha abstenido de pronunciarse, como en la necesidad de una capacidad fiscal permanente europea (algo recomendado por el BCE, el European Fiscal Board y el mundo académico y de los think tanks).

En primer lugar, en lo que se conoce como salvaguardas, o mecanismos de consolidación fiscal que se superponen a las sendas de ajuste diferenciadas. Algunos países creen que es imprescindible incorporar algunas........

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