La chapuza más colosal de la Constitución de 1978 fue privarnos de instrumentos de control eficaces contra el abuso de poder del Ejecutivo, como demuestra a diario, desde hace ya seis largos años, la impunidad de las tropelías del Gobierno Sánchez. No hay un delito de corrupción política del que no sea sospechoso Pedro Sánchez y sus sucesivos círculos dependientes, del más íntimo a los arrabales del partido: traición, prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho.

Cualquiera de los escándalos que se amontonan y anulan entre ellos habría provocado la caída del Gobierno en una democracia seria. Por mucho menos dimitió el portugués Antonio Costa a solicitud del presidente de la República (pequeña diferencia imposible con una monarquía más heráldica que otra cosa); incluso el populista Boris Johnson se vio obligado a renunciar por pequeñas fiestas clandestinas durante el confinamiento, por presión de su propio partido. Aquí, las tramas de corrupción socialista durante la pandemia que se llevó a más de 150.000 españoles, se convirtió -cuesta creerlo- en ocasión de oro para forrarse a la sombra protectora de un estado de alarma inconstitucional sin consecuencias.

Ni esa corrupción masiva y sistémica, ni la negociación de una amnistía ad hoc que instaura la impunidad política, le han costado nada a Pedro Sánchez. Esto significa, guste o no, dos cosas:

1 – Que la distancia entre la literalidad de leyes y normas y su inutilidad práctica con un gobierno que las burla parece insalvable.

2 – Que asistimos al fracaso en cadena de las instituciones de control y contrapeso gubernamental, meras colonias de Moncloa, con la excepción afortunada de los jueces que aún........

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