¿Tiene usted un familiar que dependa de ventiladores mecánicos, concentradores de oxígeno, bombas de infusión o equipos de diálisis? Si sí, esto debería interesarle ya que los pacientes que dependen clínicamente del suministro continuo de energía podrían verse en alto riesgo en los próximos días u horas si se cuaja una huelga en ESSA.

A ellos se suman 517 establecimientos de salud (Hospitales públicos y privados, clínicas, puestos de salud, almacenes de vacunas) que hoy reciben el suministro de la energía de la ESSA… Y podrían ser más.

Hablar de un posible apagón en la Electrificadora de Santander no es hablar de incomodidades domésticas. No es discutir si alguien podrá cargar su celular o ver televisión. Es hablar de vidas humanas, pero también de pequeños negocios cuya supervivencia depende de un servicio continuo. Es hablar de un servicio público esencial que, por primera vez en la historia del país, podría entrar en huelga.

En las últimas horas, delegados del Ministerio del Trabajo han llegado para entender cómo funciona la operación de ESSA y definir cuáles son “los mínimos” que deberían mantenerse. Y es comprensible que existan dudas: no hay antecedentes en Colombia de una huelga en un servicio público domiciliario esencial de esta magnitud. Estamos entrando en terreno desconocido, con impactos potenciales incalculables.

Pero ¿Qué significa operar “bajo mínimos” en este contexto? ¿Quién asume la responsabilidad si un equipo crítico deja de funcionar? El potencial impacto no se detiene ahí. Son 47 hogares geriátricos, 54 hogares del ICBF, 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 28 centros penitenciarios, nueve sistemas de semaforización, 78 sistemas de alumbrado público, 10 estaciones de bomberos, seis aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones, para un total de 4.921 cuentas de manejo especial.

Aquí no se trata de desconocer el derecho a la huelga que empezó este viernes a las 7:00 a.m., ni de trivializar las negociaciones laborales. Pero sí de dimensionar el contexto. La compensación actual de los trabajadores de ESSA se encuentra en niveles superiores al 120% del mercado laboral colombiano, con beneficios que superan ampliamente los mínimos legales.

La energía eléctrica no es un lujo. Es la columna vertebral de la vida moderna. Sin energía no hay agua potable —porque los acueductos dependen de bombeo—, no hay seguridad vial —porque los semáforos se apagan—, no hay conectividad, ni actividad económica estable. Un apagón, o incluso una operación restringida prolongada, puede traducirse en pérdidas millonarias para pequeños negocios, en riesgos sanitarios, en caos logístico y, en el peor de los casos, en tragedias humanas.

La pregunta no es quién tiene la razón absoluta en la negociación. La pregunta es si estamos dispuestos a poner en riesgo a casi un millón de usuarios y a miles de instituciones críticas en una región entera. El interés general debe prevalecer.

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