Publicado por: PABLO CÉSAR DÍAZ BARRERA

Más allá de los debates técnicos, académicos, ambientales, económicos, sustentados y no sustentados, para una decisión seria e informada sobre la explotación de hidrocarburos a través de la técnica conocida como fracking, que apunte a una política de largo plazo y con seguridad jurídica, debe partir del reconocimiento y respeto de las decisiones judiciales emitidas, en este caso, por la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por ello, es pertinente recordar y poner en contexto los pronunciamientos que el Consejo de Estado en su momento adoptó sobre la materia. Veamos.

La primera demanda que podemos revisar se interpuso en el año 2016 contra el Decreto 3004 del 2013 y la Resolución No. 90341 del 2014, cuyo propósito, según estableció el Consejo de Estado, no era determinar si se podía o no realizar fracking en Colombia, sino la validez jurídica de dichas normas, las cuales contenían específicamente la reglamentación técnica petrolera para el aprovechamiento de los yacimientos no convencionales – YNC, pero no avalaban directamente su ejecución.

El alto tribunal, mediante........

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