Los medicamentos del grupo de los opioides, como la morfina, la hidrocodona o el fentanilo, siguen siendo la piedra angular en el manejo del dolor severo en enfermedades como el cáncer. El más conocido de todos es la morfina, la cual en Colombia pertenece al grupo de medicamentos monopolio del Estado. Esto significa que solo se puede adquirir por canales oficiales y bajo requisitos estrictos, como la fórmula de control especial. A nivel global, su uso es regulado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo que determina cuánta morfina puede importar un país como el nuestro, con el fin de evitar el desvío de estas sustancias hacia usos recreativos o el tráfico ilícito.

Actualmente, Estados Unidos atraviesa una crisis de salud pública por el abuso de estas sustancias —inicialmente con la oxicodona y más recientemente con el fentanilo—. Se calcula que en ese país mueren más personas por sobredosis de estos medicamentos que por accidentes de tránsito y homicidios sumados. Sin embargo, aunque tienen un alto potencial adictivo, cuando se usan bajo supervisión para tratar el dolor severo, son fármacos salvadores que mitigan el sufrimiento como ningún otro. En el ámbito quirúrgico, por ejemplo, es casi imposible concebir una anestesia sin opioides, pues son la base de la analgesia moderna.

El verdadero peligro surge cuando se administran en ausencia de dolor físico o cuando se confunde el dolor con el sufrimiento emocional, ya sea por una prescripción errónea o por un uso inadecuado del paciente.

Entre las barreras para su adecuada distribución, resulta preocupante la formación del talento humano. A los médicos generales se les enseña poco sobre este tema: en un sondeo nacional entre facultades de medicina, se encontró que menos del 10 % incluyen el manejo del dolor en su pensum académico.

En Colombia, el problema parece ser el opuesto al de Norteamérica. Nuestro consumo per cápita de morfina —indicador con el que la OMS mide el alivio del dolor en un país— es supremamente bajo. En Santander, la situación es crítica: existen múltiples trabas logísticas y solo hay dos puntos autorizados en todo el departamento para adquirir estos medicamentos. A esto se suma la precaria educación médica y los trámites burocráticos que convierten el acceso al alivio en una odisea para quien sufre. Para completar el panorama, el desabastecimiento frecuente nos obliga a los médicos a cambiar tratamientos que ya estaban funcionando, rompiendo la estabilidad del paciente.

“En una sociedad que teme a la adicción, hemos terminado castigando al enfermo; pues no hay mayor injusticia que permitir que el dolor sea una sentencia, cuando la ciencia ya tiene la cura”.

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