En los últimos meses han salido a la luz varios casos que han sacudido la opinión pública pues algunas figuras reconocidas han sido señaladas por conductas de acoso en contextos laborales o personales. Los nombres son conocidos y las consecuencias también; salidas de sus cargos, pronunciamientos y una reacción social inmediata que, en cuestión de horas, suele convertirse en una condena definitiva.

Es imposible abordar este tema sin dejar algo claro desde el inicio y es que a las víctimas hay que oírlas. Durante años, muchas personas guardaron silencio por miedo, por vergüenza o por falta de canales efectivos. Que hoy existan espacios para denunciar es un avance que no puede minimizarse. Negarlo sería retroceder décadas.

Pero dicho eso, hay una segunda realidad que también merece ser analizada con seriedad y es la rapidez con la que una denuncia puede destruir la vida de una persona, incluso antes de que exista una verificación mínima de los hechos. En los casos recientes, bastó la circulación de una acusación para que se produjeran consecuencias inmediatas relacionadas con pérdida de empleo, reputación por el piso, afectaciones familiares profundas. Todo, en muchos casos, sin que exista aún una decisión judicial o una comprobación objetiva de lo ocurrido.

El caso más reciente es particularmente ilustrativo. Al momento de escribir esta columna, se conoció que un funcionario del actual gobierno envió una imagen a una subalterna. La denuncia lo presentó como un acto indebido. Posteriormente, la defensa, según se ha podido ver en la red social X, sostuvo que se trató de un error pues la imagen iba para su pareja sentimental. Hubo disculpas inmediatas. Todo esto, en un contexto que no apareció en la versión inicial. ¿Cuál es la verdad? Esa es justamente la pregunta que exige tiempo, pruebas y debido proceso. Pero en la práctica, la sanción social ya se produjo. El funcionario renunció y quedó muy mal sin poderse defender. Es decir, su reputación por el piso, sin trabajo y tal vez con pocas opciones de volverse a enganchar en lo laboral.

Este no es un llamado a desconfiar de quien denuncia. Es un llamado a no sustituir la justicia por los juicios inmediatos. Es necesario entender que el respaldo a las víctimas no puede implicar la eliminación automática del derecho a defenderse, aclarar o, por lo menos, hacer una verificación objetiva de las circunstancias. A reconocer que en el otro extremo también hay personas, familias, trayectorias construidas durante años que pueden desmoronarse en cuestión de días.

El equilibrio es incómodo, pero necesario. Una sociedad que no escucha a las víctimas es injusta. Pero una sociedad que condena sin verificar también lo es. Entre esos dos extremos se mueve una línea delgada que hoy parece desdibujarse fácilmente.

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