Universidades del país rechazan en bloque la militarización ordenada por el Gobierno.
El anuncio se conoció durante el fin de semana, cuando Abelardo de la Espriella afirmó que la autonomía universitaria no está por encima del orden público y aseguró que irá contra los responsables de hechos violentos incluso si tiene que entrar a los campus. El Gobierno diseñará un protocolo nacional para diferenciar la protesta legítima de la violencia y pondrá a la Policía Nacional en el centro de su aplicación.
El presidente sostuvo que las universidades no pueden convertirse en “santuarios de violencia” y que la autonomía no significa que los campus estén por fuera de la Constitución, la ley o la autoridad estatal. Según lo anunciado, la Policía será la primera autoridad operativa ante situaciones que el Gobierno clasifique como violencia, vandalismo, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. El protocolo todavía no se conoce y no hay claridad sobre sus criterios, responsables, mecanismos de control ni garantías para evitar abusos.
El Gobierno insiste en que la medida no busca afectar la protesta pacífica. Sin embargo en Colombia, la calificación de una movilización como violenta, vandálica o peligrosa ha servido para justificar la intervención de la fuerza pública contra estudiantes, organizaciones sociales y comunidades que protestan. Si el protocolo no establece reglas claras, mecanismos de control y garantías construidas con la participación de la comunidad universitaria, quedará en manos de la fuerza pública decidir cuándo y cómo intervenir dentro de los campus. Esto podría poner en riesgo la autonomía universitaria y ampliar las posibilidades de que una protesta o una expresión de inconformidad termine siendo tratada como un problema de orden público.
Pero para sectores del movimiento estudiantil el problema va incluso más allá del protocolo anunciado. Julián Báez, integrante de la coordinación nacional de la Plataforma Estudiantil ¡A Pelear!, considera que la discusión debe entenderse dentro de una política más amplia que vuelve a ubicar a sectores organizados de la sociedad bajo la lógica del “enemigo interno”. Desde su........
