España es un país eminentemente árido, es decir, tiene condiciones climáticas caracterizadas por una importante escasez de humedad. Para ser más concretos, el 67 % del territorio tiene un índice de aridez –la relación entre la precipitación y la evapotranspiración de las plantas– inferior a 0,65, lo que se cataloga como tierras secas o zonas áridas. En este contexto, la demanda de recursos hídricos, lejos de ceñirse a su disponibilidad, no ha parado de crecer en los últimos cincuenta años.

Esa es la principal razón de la escasez de agua y la base de numerosos conflictos hídricos, y sitúa a España como unos de los países con mayor estrés hídrico (el 29 de 164). Esta escasez ya no es de índole natural, y se define como la brecha entre la oferta disponible y la demanda expresada de agua dulce en un ámbito determinado, bajo los marcos institucionales vigentes (incluidos tanto los mecanismos de fijación de precios del recurso como las tarifas de suministro), así como las condiciones de infraestructura, implicando siempre una dimensión humana en la reducción de la disponibilidad natural de agua.

Las numerosas infraestructuras para captar, acumular y distribuir agua, y la modernización de los sistemas de regadío, responden al mantra de que en España no se malgasta ni una sola gota de agua. Todos los caudales que van a parar al mar se perciben a veces como un desperdicio y cada vez que llueve a mares se lamenta no tener más embalses que acumulen toda esa agua.

Miles de toneladas de fruta y hortalizas sin salida comercial

El supuesto fervor por acaparar cada gota de agua y transformarla en riqueza choca con la........

© The Conversation