La vuelta al cole coincide este año en España con la entrada en vigor de nuevas reglas estatales sobre alimentación escolar. Pero entre lo que establece una norma y lo que ocurre cada día en una cocina escolar hay una distancia considerable.

En el curso 2023-24, 2 368. 824 estudiantes utilizaron el comedor escolar en España, esto es, el 29,6 % del alumnado. Ese curso, los hogares destinaron 2 721 millones de euros –809 euros por usuario– a estos servicios. Además de alimentar, su funcionamiento condiciona la conciliación familiar y la organización cotidiana de la comunidad escolar.

Pese a estas cifras, el comedor ocupa un lugar secundario en el debate educativo. Se habla de menús, becas o contratos, pero menos de cubrir bajas, tramitar pedidos, reparar equipos, adaptar dietas o atender reclamaciones. Estas tareas pueden recaer sobre equipos directivos y docentes y suelen hacerse visibles cuando algo falla.

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Una norma no se aplica sola

El Real Decreto 315/2025 exige menús saludables y sostenibles, supervisión nutricional, alimentos frescos y de temporada, reducción de residuos y adaptación a necesidades específicas. El reto es convertir estas reglas en rutinas viables en centros muy diferentes.

Las comunidades autónomas organizan el servicio y cada escuela asume un grado distinto de responsabilidad. En nuestro proyecto de investigación en marcha detectamos un problema central: no basta con fijar requisitos. Los centros necesitan apoyo institucional, recursos y capacidad para resolver incidencias. Además, esas necesidades cambian según la forma de gestionar el comedor.

Distintos modelos, distintas necesidades

Para observar cómo se traduce esta diversidad en la práctica, en el marco........

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