Israel y su lobby llevan años inmersos en una frenética actividad para blindar aún más a Israel de la rendición de cuentas, utilizando su influencia en Occidente para ilegalizar la oposición organizada a Israel. El principal de estos esfuerzos ha sido la campaña israelí para penalizar los llamados al boicot, la desinversión y las sanciones a Israel por sus graves violaciones de los derechos humanos. Como consecuencia de ello, en Estados Unidos y en el resto de Occidente están en vigor innumerables leyes y políticas que pisotean los principios constitucionales fundamentales y los derechos humanos garantizados internacionalmente en defensa de la impunidad israelí. Pero una Opinión Consultiva emitida el mes pasado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) debería ayudar a cambiar esta situación.

En su histórica sentencia, la CIJ declaró que la ocupación israelí de Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza es totalmente ilegal, que Israel practica el apartheid y la segregación racial, y que todos los Estados tienen el deber de ayudar a poner fin a esta situación, incluso cortando todas las relaciones económicas, comerciales y de inversión con Israel en el territorio palestino ocupado. En otras palabras, para cumplir con el derecho internacional, todos los países están obligados a participar en un boicot económico a las actividades de Israel en el Territorio Palestino Ocupado y a desprenderse de cualquier relación económica existente allí.

Dado que el dictamen debía acotarse a los parámetros de la petición de la Asamblea General de la ONU que dio lugar a sus conclusiones,........

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