La ratificación por el Tribunal Supremo de la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, por la que se condena a seis sindicalistas a la pena de tres años y medio de prisión y multa de 125.000€, no solo supone un atropello al derecho a la acción sindical y a las libertades de organización, manifestación y expresión de los trabajadores que (en teoría) protege la legislación española, sino que confirma lo que ha sido una práctica generalizada durante toda la Transición.

Es cierto que el caso de las 6 de La Suiza representa posiblemente el capítulo más extremo de persecución y ensañamiento contra ciudadanos que simplemente han ejercido unos derechos recogidos por la Constitución Española y la Organización Mundial del Trabajo, pero injusticias parecidas se han venido registrando bastantes años después de que se derogara la legislación franquista.

Que una trabajadora recurra a un sindicato para reclamar que se le abonen las horas extras que le adeuda la empresa y que se le trate con el........

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