La paradoja fiscal venezolana, por Leopoldo Martínez Nucete

Durante casi dos décadas de mi actividad profesional trabajé como asesor de Carmelo Lauría, probablemente el parlamentario venezolano de más larga y destacada trayectoria en materia de finanzas públicas. Trabajar a su lado fue un posgrado invalorable en la universidad de la vida.

Durante ese período enseñé Derecho Financiero, Bases Constitucionales de la Tributación, Régimen Fiscal de las Sociedades Mercantiles e Instituciones Financieras Multilaterales en los posgrados de la Universidad Católica Andrés Bello. También acumulo casi cuatro décadas de ejercicio del derecho tributario a nivel internacional.

Como diputado a la Asamblea Nacional entre 2000 y 2005, dediqué buena parte de mis esfuerzos al presupuesto, el gasto y la deuda pública, así como al control de la gestión fiscal. Si algo aprendí de esas experiencias es que gobernar es saber presupuestar. Las prioridades, las verdaderas intenciones y las posibilidades reales de cualquier Estado se conocen al leer sus presupuestos.

En toda democracia funcional, la discusión del presupuesto y el control de su ejecución son parte central de la actividad política y parlamentaria. En Venezuela, sin embargo, durante las últimas dos décadas este proceso perdió su contenido. Una práctica esencial de la democracia se convirtió en un trámite formal, seguido por una ejecución presupuestaria discrecional y casi absolutamente opaca.

En toda democracia funcional, la discusión del presupuesto y el control de su ejecución son parte central de la actividad política y parlamentaria. En Venezuela, sin embargo, durante las últimas dos décadas este proceso perdió su contenido. Una práctica esencial de la democracia se convirtió en un trámite formal, seguido por una ejecución presupuestaria discrecional y casi absolutamente opaca.

La ausencia de este tema en la conversación política de un momento tan crítico es una deficiencia que debemos corregir. Primero necesitamos un consenso técnico sobre los hechos y las cifras. Luego debemos debatir las propuestas, evitando los lugares comunes y, particularmente, la idea de que, como existe un déficit fiscal, la única respuesta posible es reducir el gasto público.

La realidad venezolana es mucho más compleja. El país tiene un déficit elevado y una deuda que excede su capacidad actual de pago, pero necesita gastar e invertir considerablemente más para recuperar sus servicios esenciales, reconstruir su infraestructura y comenzar a saldar la inmensa deuda social acumulada.

Antes de entrar en cifras, una advertencia necesaria: ante la ausencia de reportes fiscales oficiales completos y actualizados, los datos que siguen son estimaciones plausibles recopiladas de fuentes disponibles –organismos multilaterales, analistas y prensa especializada–, no cifras oficiales certificadas, y deben entenderse como referencias sujetas a verificación.

El déficit anual se estima entre 6% y 9% del producto interno bruto: una brecha de entre 7.000 y 10.000 millones de dólares, según la estimación del tamaño de la economía. A ello se suma una deuda externa y un conjunto de pasivos que algunos cálculos sitúan entre 150.000 y 170.000 millones de dólares, incluyendo bonos soberanos y de Pdvsa, intereses vencidos, préstamos bilaterales, obligaciones comerciales y laudos arbitrales.

Estoy convencido de que ese monto nominal –que algunos asesores e intermediarios han tenido incentivos para presentar en sus estimaciones más elevadas, como cifras que en meses recientes han llegado a mencionar hasta 240.000 millones de dólares– no debe aceptarse automáticamente como una obligación definitiva e incontrovertible de la República.

Venezuela tendrá que realizar una auditoría que examine el origen, la legalidad, las condiciones y los beneficiarios de cada acreencia, distinguiendo entre capital legítimamente adeudado, intereses acumulados, penalidades, obligaciones controvertidas y reclamos sujetos a........

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