Las normas electorales tienen una naturaleza bicéfala; por un lado, se consideran el instrumento más evidente de manipulación política, pues establecen cómo se traducen los votos en espacios de representación en el Congreso, de modo que bajo su definición y amparo es posible limitar a la oposición y favorecer a la fuerza política en el gobierno; por otra parte, pueden ser el motor para elevar la calidad de la vida democrática de un régimen político, tal y como ocurrió en la llamada transición democrática mexicana donde jugaron el papel decisivo para impulsar la pluralidad política, la competencia política y la alternancia.

Es fácil advertir cómo, hasta principios de la década de 1960 cuando el sistema electoral era uno de mayoría pura, en donde los diputados electos eran sólo aquellos que ganaban con el más alto número de votos en sus respectivos distritos (el que gana, aunque sea por un voto, gana todo; mientras el que pierde, pierde todo a pesar de conquistar un número importante de sufragios), la oposición era prácticamente inexistente en el Congreso, en tanto regularmente obtenían el triunfo los candidatos del partido en el gobierno.

La incorporación de los diputados de partido en 1964 y después los de representación proporcional en la reforma de 1977, dio cauce a la pluralidad política; sin esas medidas difícilmente se hubiera alcanzado el rostro diverso que actualmente tiene el Congreso.

Desde el lado de los electores, el paso del sistema de mayoría para incorporar o combinarlo con uno de representación proporcional, significó una evolución importante, pues en el primero de ellos -como ya se dijo-, quienes no habían sufragado por el candidato ganador se quedaban........

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