Claudia Sheinbaum llega al cierre de su segundo año de gobierno con una posición política que pocos presidentes mexicanos han tenido: una victoria electoral amplia detrás de ella, mayoría legislativa, un movimiento todavía dominante, una oposición fragmentada y niveles de aprobación que continúan siendo altos. Todo eso representa fortaleza, pero también representa responsabilidad. Sheinbaum está ante la oportunidad de convertir una mayoría electoral en una legitimidad mucho más profunda: la que se obtiene cuando incluso una parte de quienes no votaron por alguien termina reconociendo que gobernó bien.

Eso no significa que quienes se opusieron a ella deban abandonar sus convicciones, dejar de criticar o convertirse en simpatizantes de Morena. La democracia funciona exactamente al contrario: quien gana gobierna, quien pierde vigila, señala, propone y busca convertirse después en alternativa. Pero existe algo que debería estar por encima de cualquier identidad partidista: que al país le vaya bien. Una persona puede no haber votado por Claudia Sheinbaum y, sin embargo, querer que tenga éxito en seguridad, economía, salud, educación o política exterior, porque el fracaso de un gobierno no perjudica exclusivamente al partido gobernante. Lo paga todo el país.

Ésa es quizá una de las oportunidades más interesantes que tiene hoy la presidenta.

No solamente conservar a quienes la llevaron a Palacio Nacional, sino conseguir que algunos ciudadanos que votaron por otra opción puedan decir cuando termine el sexenio: “yo no la elegí, pero gobernó mejor de lo que esperaba”. Alcanzar eso sería políticamente mucho más significativo que mantener intacto el voto propio. Una elección se gana con votos; una presidencia se legitima también con resultados.

Sheinbaum tiene razones para defender parte de su desempeño. Ha construido una conducción más técnica y menos estridente que la de su antecesor, ha administrado con prudencia una relación extraordinariamente compleja con Donald Trump, imprimió a la política de seguridad mayor énfasis en inteligencia, investigación y coordinación y ha mostrado capacidad para mantener cohesión política sin recurrir permanentemente a la confrontación. También ha defendido la austeridad, la inversión, los programas sociales, la recuperación salarial y la llamada prosperidad compartida, además de sostener que el gobierno debe conducirse con honradez. Todo eso puede reconocerse sin convertir el reconocimiento en cheque en blanco.

También ha comenzado a demostrar que puede gobernar con un estilo propio. Durante buena parte del primer año una pregunta acompañó prácticamente cada decisión: cuánto había de Sheinbaum y cuánto seguía siendo López Obrador. Esa discusión empieza a perder utilidad. La propia presidenta ha insistido en que su gobierno conserva continuidad de proyecto, pero tiene conducción propia. Es razonable. No necesita romper con López Obrador para demostrar autonomía. Puede reconocer una herencia política, conservar políticas que considera valiosas y, al mismo tiempo, asumir que la responsabilidad constitucional ya es exclusivamente suya.

Ahí aparece, sin embargo, una prueba todavía pendiente y quizá más importante que muchas otras: demostrar que el Estado aplica la ley sin distinguir entre adversarios y cercanos.

Uno de los grandes talones de Aquiles de la administración anterior fue precisamente la percepción de opacidad frente a cuestionamientos que alcanzaban al círculo próximo del poder. López Obrador hizo de la honestidad una de sus banderas más poderosas y probablemente millones de personas creyeron sinceramente que su llegada significaba una ruptura con prácticas de gobiernos anteriores. Sin embargo, conforme surgieron investigaciones........

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