Solo el tiempo dirá si los nuevos ministros pasarán a la historia como los jueces que honraron su responsabilidad ante la nación o como quienes permitieron que la justicia se debilitara. Lo único seguro es que, a partir de septiembre, México no será el mismo, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará bajo la mirada atenta de la sociedad y del juicio implacable de la historia.

No se trata de una afirmación menor ni de un recurso retórico. Estamos frente a un proceso inédito: por primera vez en nuestra historia, los ministros de la Corte fueron electos por voto popular. El resultado es que a partir del 1 de septiembre el máximo tribunal no solo tendrá nuevos rostros, sino también una nueva legitimidad de origen. La pregunta que flota en el aire es si esa legitimidad será suficiente para sostener la independencia y la imparcialidad que requiere un poder judicial en una democracia madura.

Lo que está en juego no es simplemente la composición de un órgano colegiado. Lo que se redefine es el sentido mismo de la justicia constitucional, es decir, la capacidad de un tribunal supremo para actuar como guardián de la Constitución, árbitro de los conflictos entre poderes y garante último de los derechos fundamentales. Perder esa función equivaldría a desmontar uno de los pilares de nuestra república.

Imaginemos por un momento un escenario en el que la Suprema Corte deje de actuar con autonomía. El primer riesgo es el vaciamiento del control de constitucionalidad: las leyes y reformas podrían aprobarse sin límite ni freno, incluso aquellas que atenten contra derechos básicos o principios........

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