La paz social no significa ausencia de problemas ni silencio frente a las inconformidades ciudadanas. Significa que una sociedad cuenta con la madurez, las instituciones y la voluntad necesarias para enfrentar sus diferencias sin recurrir a la violencia. Guadalajara vivió el domingo una jornada que debe servir como advertencia: una demanda tan legítima como la exigencia de agua limpia no puede terminar desvirtuada por enfrentamientos que ponen en riesgo a las personas y desplazan la atención de las soluciones. Pero tampoco basta con condenar la violencia. La tranquilidad de Jalisco exige atender las causas del descontento, escuchar a la ciudadanía y construir respuestas que permitan recuperar la confianza en las instituciones.

Lo ocurrido durante la manifestación frente a Casa Jalisco dejó una lección que conviene asumir con serenidad y responsabilidad. El derecho a protestar pacíficamente debe ser respetado, facilitado y protegido por las autoridades, incluso cuando las exigencias sean severas o incómodas para quienes gobiernan. Pero ninguna causa, por justa que sea, autoriza agresiones ni conductas que comprometan la seguridad de los propios manifestantes o de terceros. La fuerza pública tiene la obligación de preservar el orden y proteger a las personas, siempre dentro de los límites de la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad. La defensa de la libertad de manifestación y el rechazo a la violencia no son posiciones contradictorias, sino condiciones inseparables de una convivencia democrática.

La crisis de calidad del agua que enfrenta nuestra zona metropolitana requiere atención inmediata, investigaciones rigurosas y soluciones de mediano y largo plazo. Es indispensable conocer las causas de las deficiencias, establecer responsabilidades, comprometer recursos suficientes y garantizar que las medidas adoptadas produzcan resultados verificables. Las autoridades federales, estatales y municipales deben cumplir las atribuciones que legalmente les corresponden, mientras los sectores productivos y sociales tienen también responsabilidades y posibilidades de contribuir. Lo fundamental es evitar que la confrontación política termine desplazando la búsqueda de soluciones a un problema que afecta a miles de familias, independientemente de sus preferencias partidistas.

En este contexto adquiere especial relevancia la coincidencia alcanzada entre las principales centrales obreras y diversas organizaciones cívicas, comunitarias y profesionales de Jalisco, que han decidido expresar públicamente una posición común en defensa de la paz, el respeto y las soluciones. No se trata simplemente de reunir firmas o logotipos, sino de articular sectores con trayectorias, responsabilidades y ámbitos de actuación diferentes, que reconocen la necesidad de preservar la convivencia social y atender los problemas que generan........

© SDP Noticias