Proteger a los niños y adolescentes frente a la violencia, el abuso y los peligros de internet constituye una obligación del Estado, de las familias y de las empresas tecnológicas. Pero esa responsabilidad no debe convertirse en una puerta abierta para que las autoridades decidan arbitrariamente qué pueden ver, leer, expresar o discutir los ciudadanos. México acaba de dar un paso importante en la regulación de las plataformas digitales y sería un error descalificarlo automáticamente como censura. También sería irresponsable celebrarlo sin examinar sus alcances. Porque entre proteger a la infancia y controlar la información existe una frontera que debe quedar perfectamente definida: una sociedad democrática tiene la obligación de impedir que sus menores sean víctimas de la violencia digital, pero también de evitar que la protección de sus derechos termine utilizándose para restringir las libertades de todos.

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el miércoles un decreto para establecer entornos digitales más seguros para niñas, niños y adolescentes. La disposición, publicada el 14 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, establece obligaciones para las plataformas que operan en México, particularmente respecto de contenidos relacionados con violencia, abuso y explotación sexual, acoso, ciberacoso, extremismo violento, conductas autodestructivas y otros materiales capaces de representar riesgos para los menores de edad. Las empresas disponen de treinta días naturales para adecuar sus sistemas e informar sobre las medidas adoptadas. Por ahora, el instrumento tiene carácter obligatorio, pero no contempla sanciones punitivas inmediatas; la propia presidenta ha señalado que, si las plataformas no cumplen, podría promoverse una legislación específica.

La decisión surge en un contexto de creciente preocupación por la influencia que determinados contenidos digitales pueden ejercer sobre niños y adolescentes. Recientes episodios de violencia escolar han reavivado la discusión sobre comunidades virtuales que glorifican las agresiones, difunden amenazas, promueven conductas autodestructivas o facilitan distintas formas de hostigamiento. Sería equivocado atribuir automáticamente estos acontecimientos a las redes sociales, pues la violencia responde a múltiples factores familiares, educativos, psicológicos y comunitarios. Sin embargo, también resultaría ingenuo desconocer que internet puede convertirse en un espacio donde determinadas conductas encuentran estímulos, reconocimiento y mecanismos de difusión capaces de agravar situaciones de riesgo.

Las plataformas digitales dejaron hace mucho tiempo de ser simples espacios donde las personas colocan mensajes y fotografías. Hoy funcionan mediante sistemas tecnológicos diseñados para seleccionar, ordenar y recomendar contenidos, identificar preferencias, retener la atención y multiplicar la interacción. Esos mecanismos pueden ofrecer enormes beneficios educativos, culturales y sociales, pero también amplificar materiales perjudiciales. Una publicación violenta que antes habría permanecido limitada a un círculo reducido puede alcanzar miles de personas mediante recomendaciones automatizadas. Cuando los destinatarios son menores de edad, cuya capacidad para identificar riesgos todavía se encuentra en desarrollo, la responsabilidad de quienes administran esos sistemas adquiere una dimensión particularmente importante.

Existe además un elemento económico que no debemos ignorar. Las grandes plataformas obtienen ingresos mediante modelos comerciales que, en buena medida, dependen de mantener a los usuarios conectados durante el mayor tiempo posible. Cuanto más prolongada sea la interacción, mayores pueden ser las oportunidades de colocar publicidad, recopilar información sobre preferencias y fortalecer sus negocios. En ese contexto, los contenidos que provocan reacciones intensas pueden recibir una difusión desproporcionada, aunque no necesariamente aporten beneficios a quienes los consumen. La protección de la infancia exige examinar esos incentivos y no limitarse a retirar algunas publicaciones después de que hayan alcanzado una amplia circulación.

Por ello, la iniciativa presidencial tiene un fundamento legítimo. Las empresas tecnológicas no deberían disfrutar de una especie de inmunidad práctica frente a las consecuencias de sus decisiones de diseño y funcionamiento. Así como existen obligaciones para quienes comercializan productos destinados a menores de edad, también debe haber responsabilidades para quienes ofrecen servicios digitales capaces de afectar su seguridad, intimidad y desarrollo. No se trata de exigir que las plataformas garanticen la desaparición absoluta de cualquier riesgo, algo materialmente imposible, sino de establecer medidas razonables de prevención, detección, atención de denuncias y protección efectiva de los usuarios más vulnerables.

Sin embargo, reconocer la legitimidad del objetivo no significa que cualquier........

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