Hay algo más indignante que recibir en los hogares agua sucia, turbia y con olores que hacen desconfiar de su calidad: observar cómo una crisis que afecta directamente la salud y la tranquilidad de miles de familias comienza a convertirse en oportunidad para quienes, con la mirada puesta en las elecciones de 2027, parecen más interesados en obtener ventajas políticas que en contribuir a resolverla. Guadalajara y su zona metropolitana enfrentan un problema serio que exige investigaciones, responsabilidades, recursos y soluciones. Pero también requieren evitar que la legítima inconformidad ciudadana termine siendo utilizada como combustible para una confrontación partidista en la que algunos pudieran encontrar más conveniente mantener encendida la hoguera que contribuir a apagarla.

Lo primero que debe quedar establecido es que la discusión actual no gira fundamentalmente alrededor de cuánta agua tenemos, sino de la calidad del agua que recibimos. Una cosa es enfrentar problemas de disponibilidad, abastecimiento o crecimiento de la demanda, y otra muy diferente que el líquido llegue a los hogares en condiciones que provoquen desconfianza sobre su seguridad. No se trata de negar la necesidad de obras hidráulicas ni de desconocer las deficiencias acumuladas durante décadas, sino de entender que disponer de mayores volúmenes no resuelve automáticamente la contaminación de las fuentes. Si confundimos el diagnóstico, corremos el riesgo de discutir soluciones que no atiendan lo que hoy preocupa a la población.

Y precisamente porque hablamos de calidad, resulta indispensable mirar hacia el origen del recurso hídrico. El agua no aparece espontáneamente en las instalaciones de distribución ni comienza su recorrido cuando entra a las redes metropolitanas. Proviene de fuentes naturales cuya protección, vigilancia y saneamiento involucran atribuciones fundamentales de las autoridades federales. La Constitución y la legislación mexicana establecen responsabilidades de la Federación sobre las aguas nacionales, la regulación de descargas en cuerpos receptores de su competencia y la protección ambiental. La Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dentro de sus respectivas facultades, no pueden quedar al margen de una discusión que involucra la contaminación de nuestros cuerpos de agua.

Jalisco conoce desde hace décadas las consecuencias del deterioro ambiental de ríos y otros cuerpos hídricos. Las descargas urbanas, industriales y de diversas actividades económicas han generado problemas que demandan vigilancia permanente, cumplimiento de normas y sanciones cuando corresponda. No sería técnicamente responsable afirmar, sin estudios específicos, que toda la mala calidad del agua que hoy llega a determinadas colonias proviene de esas fuentes de contaminación. Pero sería igualmente irresponsable ignorar la importancia de investigar las condiciones de los cuerpos de agua que abastecen a la metrópoli y exigir a las autoridades........

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