Hay fechas que pertenecen al calendario y otras que funcionan como advertencia. El 2 de octubre pertenece a las segundas. México lleva 58 años repitiendo que no se olvida, pero la memoria pierde sentido cuando se convierte solamente en ceremonia, consigna o patrimonio de quienes creen estar del lado correcto de la historia. Tlatelolco no obliga únicamente a mirar hacia atrás y condenar a Gustavo Díaz Ordaz. Obliga a mirar al poder de hoy y preguntarle algo mucho más incómodo: ¿qué haces con quien te contradice cuando ya no eres oposición, sino gobierno? Porque el verdadero “nunca más” no se demuestra recordando a los estudiantes asesinados hace casi seis décadas; se demuestra respetando a quienes hoy salen a la calle a decirle al gobierno exactamente aquello que el gobierno no quiere escuchar.

Claudia Sheinbaum ha reiterado la responsabilidad del Estado en la matanza de 1968 y el compromiso de que nunca más sus fuerzas sean utilizadas para reprimir a movimientos sociales. Su gobierno reconoció formalmente aquellos hechos como crimen de lesa humanidad y asumió una obligación de no repetición. Esa definición institucional es relevante, pero precisamente porque hoy existe, la exigencia debe ser mayor: el 2 de octubre no puede convertirse solamente en una condena retrospectiva contra un régimen desaparecido; tiene que funcionar como una regla permanente para cualquier gobierno, incluido el actual.

Porque Tlatelolco no comenzó con los disparos. Comenzó mucho antes, cuando la autoridad decidió que la protesta era provocación, que la crítica era desafío, que los estudiantes representaban una amenaza y que dialogar equivalía a ceder. Comenzó cuando el Estado confundió orden con obediencia y estabilidad con silencio. Comenzó cuando el gobierno se convenció de que su legitimidad le permitía determinar cuáles voces merecían ser escuchadas y cuáles podían ser tratadas como enemigas. El movimiento había surgido después de episodios de represión policiaca, formuló demandas de libertades políticas, presos políticos y diálogo público, y terminó enfrentado a un aparato estatal que interpretó el desafío estudiantil como una amenaza que debía sofocarse.

Pero tampoco ayudaría a comprender aquella historia convertir al movimiento entero en una fotografía impecable, sin contradicciones, tensiones, radicalismos ni actores interesados en avivar el conflicto. En aquellas semanas hubo enfrentamientos, provocaciones, grupos ajenos a una parte importante del estudiantado y episodios que fueron elevando la confrontación. Reconocerlo no disminuye un milímetro la responsabilidad central del Estado por lo ocurrido en Tlatelolco ni permite trasladar a las víctimas la culpa de una decisión represiva tomada desde el poder. Lo que sí permite es rescatar otra enseñanza indispensable: una causa justa también puede atraer a quienes quieren utilizarla para incendiar, radicalizar, provocar o llevar agua a su propio molino.

Y eso también tenemos que decirlo claramente. Una cosa eran las banderas legítimas de libertad, democracia, diálogo y respeto a los derechos; otra muy distinta la conducta de quienes desde cualquier extremo, grupo de choque, interés político o lógica de provocación puedan pretender apropiarse de una movilización para generar violencia y después esconderse detrás de la causa que otros levantaron legítimamente. Eso puede venir desde la extrema izquierda, desde la extrema derecha o desde cualquier grupo cuyo verdadero propósito no sea resolver una demanda, sino utilizarla para producir confrontación.

El Estado jamás puede responder a una protesta como quien pretende acabar con una plaga de cucarachas bombardeando la cocina. Ésa es justamente una de las grandes lecciones de Tlatelolco. La presencia de provocadores, la comisión de delitos o el desorden producido por algunos no autoriza una respuesta indiscriminada contra todos. No existe provocación que convierta en legítimo disparar contra una multitud ni exceso que otorgue patente para borrar la diferencia entre manifestante, dirigente, provocador, delincuente y ciudadano. La función de una autoridad democrática consiste precisamente en saber distinguir.

Pero esa obligación del Estado tampoco puede interpretarse al revés hasta convertir la protesta en patente de corso. Una marcha justa no vuelve justo todo lo que ocurra dentro de ella. Una demanda legítima no convierte en legítimo incendiar, saquear, destruir propiedad, atacar personas, impedir servicios esenciales o buscar deliberadamente el enfrentamiento. Quien se aprovecha de una movilización pacífica para cometer tropelías no fortalece la causa: la contamina, pone en riesgo a quienes marchan de buena fe y proporciona al poder el pretexto que en ocasiones algunos gobiernos están esperando para endurecer su respuesta.

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