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¡Los negocios de los hijos del poder! 94 millones en contratos públicos y las preguntas que Rocha Moya debe responder

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09.11.2026

En México cambian los gobiernos, se alternan los partidos, se renuevan los discursos contra la corrupción y cada administración promete terminar con los privilegios del pasado. Pero hay una práctica que parece resistir todas las transformaciones políticas: la facilidad con la que familiares, amigos y socios de personajes cercanos al poder aparecen vinculados con negocios financiados mediante recursos públicos. La investigación periodística que acaba de revelar contratos por alrededor de 94 millones de pesos obtenidos durante quince años por empresas relacionadas con los hijos de Rubén Rocha Moya y sus socios vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta tan incómoda como indispensable: ¿hasta dónde llega el legítimo derecho de los familiares de un servidor público a desarrollar actividades empresariales y dónde comienzan los conflictos de interés, las posibles ventajas indebidas y las responsabilidades que deben esclarecerse? Porque cuando los apellidos de quienes gobiernan aparecen reiteradamente relacionados con adjudicaciones gubernamentales, no basta con decir que todo es legal ni resulta aceptable condenar sin pruebas. Lo que corresponde es abrir los expedientes, revisar los procedimientos, seguir la ruta del dinero y establecer si los contratos se obtuvieron y ejecutaron conforme a derecho.

El reportaje publicado el sábado 7 de noviembre por El Universal describe una trayectoria empresarial que atraviesa distintas administraciones de Sinaloa y que comenzó mucho antes de que Rocha Moya llegara a la gubernatura bajo las siglas de Morena. Esa circunstancia resulta particularmente importante porque impide reducir el asunto a un enfrentamiento partidista. Los negocios documentados se remontan a etapas en las que el político sinaloense desempeñó responsabilidades dentro de gobiernos priistas y continuaron después de su llegada al Poder Ejecutivo estatal en noviembre de 2021. La historia, por tanto, no se limita a un gobierno ni a un partido: permite examinar cómo determinadas relaciones familiares y empresariales pueden desarrollarse alrededor de diferentes espacios de influencia pública.

De acuerdo con la investigación, en mayo de 2009, Rubén y Ricardo Rocha Ruiz, hijos de Rocha Moya, constituyeron la empresa Constructora Chocosa. Apenas ocho meses después, la compañía recibió su primer contrato de la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa, por aproximadamente 292 mil pesos, para realizar un estudio relacionado con un tramo carretero. En aquella época su padre se desempeñaba como jefe de asesores del gobernador priista Jesús Aguilar Padilla. La coincidencia temporal no demuestra que hubiera intervenido en la adjudicación, pero constituye un antecedente que justifica revisar las condiciones en que la empresa comenzó a contratar con el gobierno.

La relación comercial no terminó allí. La investigación recuerda que durante el año siguiente la compañía obtuvo nuevos contratos y que, entre enero de 2010 y mediados de 2018, acumuló alrededor de 64 millones de pesos en contrataciones con dependencias estatales, ayuntamientos y organismos operadores de agua potable. Una parte de esas operaciones se desarrolló cuando Rocha Moya había regresado a la administración estatal como jefe de asesores del gobernador Quirino Ordaz Coppel, también surgido del PRI.

Los antecedentes habían sido examinados en una investigación periodística de 2019 denominada “Operación Desfalco”. Cuestionado entonces sobre un posible conflicto de interés, Rocha Moya negó haber intervenido en las adjudicaciones y sostuvo que sus responsabilidades no estaban relacionadas con la contratación de obras públicas. Esa postura debe tomarse en cuenta. Pero también resulta legítimo preguntar si las autoridades encargadas de las contrataciones identificaron los vínculos familiares, si revisaron posibles incompatibilidades y si dejaron constancia documental de que las decisiones se adoptaron con criterios técnicos y legales.

Ser hijo de un funcionario no constituye un impedimento universal para emprender negocios ni convierte automáticamente en ilegales los contratos celebrados con organismos públicos. Los familiares de quienes ocupan cargos gubernamentales conservan sus derechos económicos y profesionales. Sin embargo, cuando participan en procedimientos de contratación donde pueden existir relaciones de influencia, las instituciones tienen una obligación especial de prevenir conflictos de interés, garantizar competencia y acreditar que no hubo condiciones privilegiadas.

La historia adquiere otra dimensión después de noviembre de 2021, cuando Rocha Moya asumió la gubernatura de Sinaloa. Según el reportaje, Grupo Rofcar, empresa relacionada con su hijo José Jesús Rocha Ruiz y otros socios, comenzó a recibir contrataciones del gobierno estatal poco tiempo después. Entre sus operaciones figuran suministros de baterías y acumuladores al Sistema DIF de Sinaloa, así como ventas y servicios a otras dependencias públicas.

Existe aquí una circunstancia que merece especial atención. El DIF estatal era encabezado honoríficamente por Eneyda Rocha Ruiz, también hija del entonces gobernador y hermana del empresario relacionado con Grupo Rofcar. De acuerdo con los documentos citados, durante 2022 esa dependencia realizó alrededor de treinta contrataciones directas con la compañía. El hecho requiere examinar cuidadosamente las atribuciones de quienes intervinieron, la existencia de procedimientos de revisión de conflictos de interés y las razones legales por las cuales se utilizó esa modalidad de adquisición.

No basta con suponer que la presidencia honoraria de una institución implica participación automática en sus procedimientos de compra. Las responsabilidades deben determinarse conforme a las facultades y actuaciones efectivamente realizadas. Pero tampoco sería razonable ignorar la importancia de una relación familiar tan próxima cuando una dependencia pública contrata reiteradamente con una empresa vinculada con integrantes de la familia del gobernante.

La investigación periodística también describe negocios desarrollados por socios de Grupo Rofcar. Entre ellos aparece José Carlos Cárdenas Mellado, relacionado con la empresa Frutas y Verduras de El Dorado, que suministró alimentos y otros productos a dependencias estatales y municipales. Según la documentación publicada, entre 2021 y 2023 esa empresa facturó aproximadamente 25 millones de pesos a distintas instituciones públicas, incluyendo organismos de asistencia social y servicios gubernamentales.

Uno de los aspectos más delicados consiste en las diferencias de precios detectadas mediante la revisión de órdenes de compra. El reportaje señala, por ejemplo, operaciones en las que se facturaron productos alimenticios por cantidades considerablemente superiores a determinadas referencias mayoristas del mercado local. Entre los casos mencionados se encuentran compras de chayote, elote y lechuga romana cuyos precios merecen una explicación documental.

Es indispensable evitar conclusiones automáticas. Comparar un precio facturado a una institución pública con una cotización mayorista puede aportar indicios relevantes, pero para determinar si existió un sobreprecio indebido también deben considerarse fechas, presentación, calidad,........

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