La democracia constituye una de las mayores conquistas de la civilización. Después de siglos de exclusión, privilegios y discriminación, logró establecer un principio que hoy parece incuestionable: todos los ciudadanos son iguales ante la ley y todos deben tener el derecho de elegir y, eventualmente, de ser elegidos para desempeñar responsabilidades públicas. Ese principio no admite retrocesos. La democracia pertenece a todos y no puede convertirse nuevamente en patrimonio de élites económicas, sociales, intelectuales o políticas.

La realidad obliga, sin embargo, a reconocer una verdad que no debería incomodarnos, sino impulsarnos a mejorar. La democracia ha significado un avance extraordinario para la humanidad. Ha permitido alternancias pacíficas, ampliado libertades, reconocido derechos fundamentales y abierto espacios de participación que durante siglos permanecieron reservados para unos cuantos. Sería profundamente injusto desconocer esos logros. Sin embargo, también resulta evidente que en buena parte del mundo crece la inconformidad con la calidad de muchos gobiernos democráticamente electos. La frustración ciudadana frente a la corrupción, la improvisación, la polarización, la ineficacia administrativa y la distancia entre las promesas de campaña y los resultados de gobierno demuestra que todavía queda un largo camino por recorrer. La democracia no ha fracasado; pero tampoco puede darse por concluida. Como toda gran obra humana, necesita perfeccionarse permanentemente.

La historia enseña además una lección que conviene asumir con humildad. Los pueblos pueden acertar, pero también pueden equivocarse. Han llevado al poder a mujeres y hombres que engrandecieron a sus naciones, pero también a dirigentes que terminaron debilitando instituciones, dividiendo a sus sociedades o comprometiendo el futuro de generaciones enteras. Reconocer esa posibilidad no implica desconfiar de la democracia; por el contrario, significa respetarla lo suficiente como para preguntarnos cómo hacerla cada vez mejor.

Precisamente porque creemos en la democracia resulta legítimo preguntarnos cómo fortalecerla. Las sociedades del siglo XXI son infinitamente más complejas que aquellas en las que nacieron los sistemas representativos modernos. Hoy un jefe de Estado, un gobernador o un presidente municipal administra presupuestos multimillonarios, dirige instituciones que prestan servicios esenciales, toma decisiones sobre seguridad pública, salud, educación, infraestructura, protección civil, relaciones internacionales y desarrollo económico. Sus determinaciones afectan directa o indirectamente la vida de millones de personas. Ante esa realidad, la pregunta ya no consiste únicamente en quién tiene derecho a competir. La verdadera discusión consiste en determinar si una democracia puede conformarse con requisitos meramente formales o si también debe garantizar que quienes aspiran a ejercer las más altas responsabilidades públicas reúnan condiciones mínimas para desempeñarlas.

Conviene distinguir........

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