José María Morelos escribió en Los Sentimientos de la Nación que “todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda del arbitrario”.

Más de dos siglos después, esa sigue siendo una de las mayores deudas del Estado mexicano.

Cuando se habla del Poder Judicial, el debate suele centrarse en jueces, ministros, elecciones judiciales o reformas constitucionales. Sin embargo, el verdadero problema es mucho más profundo.

La justicia mexicana se volvió extraordinariamente costosa, lenta, hiperformalista y, sobre todo, impredecible.

Y esa realidad no solamente afecta a abogados. Afecta directamente la inversión, el crédito, la productividad, el empleo y el crecimiento económico.

La justicia también mueve la economía. Cuando una empresa decide invertir millones de pesos en una fábrica, un desarrollo inmobiliario o una nueva línea de producción, no solo analiza salarios, impuestos o costos energéticos.

También analiza una pregunta fundamental:

¿Qué ocurre si alguien incumple un contrato?

Si la respuesta es “pasarán ocho o diez años antes de recuperar su inversión”, simplemente muchos proyectos dejan de realizarse.

Por eso el Estado de derecho no es únicamente un concepto jurídico. Es uno de los principales activos económicos de cualquier país.

Los números explican el problema

Los datos del INEGI muestran que cada año ingresan millones de asuntos a los poderes judiciales locales.

El Poder Judicial de la Federación también recibe cientos de miles de juicios de amparo y otros procedimientos.

Pero el verdadero problema no está únicamente en el volumen. Está en la ejecución.

Porque........

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