Históricamente, los proyectos políticos que llegan al poder prometiendo transformaciones radicales comparten un rasgo común: cuando la realidad los contradice, recurren al relato. Ajustan el discurso, cambian el énfasis, buscan culpables en otro lado. Lo que rara vez hacen es mirar de frente el resultado de sus propias decisiones. Colombia no ha sido la excepción a esa regla, y el primer —y esperamos que último— gobierno de izquierda en la historia de la República nos lo ha demostrado con una contundencia que ya no admite evasivas.

La llamada paz total, joya de la corona del proyecto de Gustavo Petro, no solo fracasó en sus objetivos declarados, sino que contribuyó activamente a un reacomodo del poder territorial en favor de los grupos armados ilegales. Lejos de consolidar la autoridad del Estado, el país asiste hoy a la expansión de estructuras criminales que llenaron los vacíos dejados por una estrategia errática y, en muchos casos, abiertamente complaciente con quienes nunca tuvieron intención real de deponer las armas. Los números que hoy sacuden al país no son accidentales. Son la consecuencia directa de cuatro años de ilusión negociadora que los grupos armados aprovecharon con una eficiencia que contrasta de manera dolorosa con la torpeza del gobierno que los convocó a la mesa.

En lo corrido de 2026, Colombia ha registrado 48 masacres, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Para dimensionar la gravedad: en el mismo período de 2025 se habían documentado 20, y en 2024, 23. El primer trimestre de este año ya es el más violento de la última década, con 133 personas asesinadas en hechos colectivos ocurridos en 34 municipios de 17 departamentos. El propio Ministerio de Defensa respalda ese diagnóstico con sus cifras: las masacres........

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