Colombia tiene un nombre nuevo para el dolor. Se llama Yulixa Toloza. Una mujer que entró caminando a un supuesto centro estético y fue encontrada muerta. No desaparecida. Muerta. Lo que ocurrió con Yulixa es el resultado directo de años de tolerancia institucional frente a estructuras criminales que operan a plena luz del día, que se lucran de la desesperanza de las mujeres y que cuentan con la complicidad silenciosa de un Estado que llega siempre demasiado tarde.

Las preguntas que rodean este caso son tan graves como perturbadoras. ¿Quién autorizó el funcionamiento de ese lugar? ¿Quién verificó las condiciones sanitarias? ¿Quién controló que las personas que realizaban procedimientos invasivos sobre cuerpos vivos realmente supieran lo que hacían? Hoy, los implicados enfrentan cargos de homicidio agravado y desaparición forzada, con penas que pueden alcanzar los 45 años de cárcel. Eso no es un error médico. Eso es un crimen.

En Colombia, los establecimientos donde se realizan procedimientos estéticos deben ser vigilados y habilitados por las secretarías de Salud departamentales y distritales, bajo los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, mientras la Superintendencia Nacional de Salud ejerce funciones de inspección, vigilancia y control. Y, aun así, las llamadas “clínicas de garaje” continúan funcionando con una facilidad que ya no asombra, sino que aterra.

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