El fenómeno del narcotráfico, aunque no constituye la mayor prioridad de Estados Unidos en el escenario internacional, sí es un asunto altamente sensible: impacta de manera directa la salud pública y, por ello, se concibe como un problema de seguridad nacional. Bajo esa lógica, Washington ha adoptado en las últimas semanas un conjunto de medidas que reflejan un endurecimiento de su estrategia.

En primer lugar, elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, una cifra sin precedentes en la región, acompañada de la confiscación de bienes del régimen estimados en 700 millones de dólares. En paralelo, el Departamento del Tesoro señaló al denominado Cartel de los Soles como organización terrorista global, mientras el Departamento de Estado amplió su lista de grupos terroristas a estructuras latinoamericanas como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, donde las guerrillas colombianas tienen una participación significativa en las rentas ilegales.

A esto se suma la información divulgada por medios internacionales sobre directivas emitidas al Pentágono para desplegar operaciones militares contra objetivos vinculados al narcotráfico del régimen de Maduro. Todo indica que se trata de una estrategia articulada: ejercer presión en varios frentes, asfixiar las finanzas mediante sanciones, reforzar el cerco militar en el Caribe y, en el escenario más extremo, permitir operaciones especiales con el propósito de desestabilizar al régimen, como resultado de esa presión acumulada.

El despliegue naval y aéreo marca un........

© Revista Semana