Gustavo Petro llegó al poder prometiendo cuidar la plata pública, combatir la corrupción y gobernar para quienes durante años habían sido olvidados. Cuatro años después, el empalme deja una fotografía bastante distinta. El Libro de la Verdad, el documento que recoge los hallazgos encontrados por el nuevo gobierno, no nos habla de unos cuantos contratos mal hechos ni de errores administrativos. Lo que realmente muestra es un Estado con problemas serios de caja, deuda, ejecución, contratación y trazabilidad de los recursos. Un gobierno que comprometió billones de pesos y dejó demasiadas cuentas pendientes.

Aquí me toca hacer una precisión necesaria. Es claro que el documento no es una sentencia judicial. Sus autores documentaron situaciones encontradas durante el empalme y trasladaron información para que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría determinen las responsabilidades que correspondan. Esa diferencia importa. Una alerta o un hallazgo no convierte automáticamente a nadie en culpable. Pero la responsabilidad política por el manejo del Estado y por las cuentas entregadas al país sí puede y debe discutirse desde ahora.

Al indagar a fondo sobre lo reportado en el libro, las cuentas son abrumadoras. El balance de Hacienda señala que la caja en pesos estaba en $16 billones al 31 de mayo de 2026, frente a un rango histórico de entre $30 y $40 billones, y proyectaba apenas $7,1 billones al cierre del año. El déficit del Gobierno Nacional Central alcanzó el 6,4 % del PIB en 2025 y hubo que activar la cláusula de escape de la regla fiscal. La auditoría de la Contraloría encontró además que el límite de adjudicación por emisión de TES pasó del 50 % al 100 %, mientras las tasas de colocación llegaron a niveles de entre 13 % y 15 %. El organismo advirtió un posible detrimento patrimonial y remitió el caso a la Procuraduría. En palabras sencillas, el Estado quedó gastando muy por encima de lo que le entraba, con una caja debilitada y una deuda cada vez más costosa.

En la UNGRD el panorama es todavía más difícil de explicar. Ahí está el foco de corrupción más grande ya conocido por el país. Entre 2022 y 2026 el sector Presidencia recibió apropiaciones por $18,49 billones y la Unidad concentró cerca de $15,3 billones, alrededor del 82,8 %. Sin embargo, el informe señala que la UNGRD ejecutó apenas el 4,3 % de su apropiación durante el cuatrienio. También registra $856.289 millones girados anticipadamente, $240.766 millones pendientes de reintegro de convenios vencidos, según la Contraloría, y otros $282.990 millones destinados a obras de reducción del riesgo, cuya trazabilidad debía........

© Revista Semana