La protesta es el derecho de decirle al poder, en la calle y en voz alta, que algo no está funcionando. El artículo 37 de la Constitución la protege siempre que sea pública y pacífica, y la Corte Constitucional ha reconocido su estrecha relación con la libertad de expresión y la participación política. No requiere permiso de nadie. Además, tiene una característica que la distingue de casi todos los demás derechos. Su ejercicio normal incomoda. Una protesta que no altera en nada la rutina se parece más a un desfile.

Antes de seguir, quiero dejar algo claro. Nada de lo que voy a decir es una defensa de la protesta violenta. Rechazo la violencia como manera de comunicar un mensaje político. Quien agrede, destruye bienes o retiene a otra persona no puede justificar esas conductas invocando el derecho a manifestarse. Para enfrentarlas ya existen normas penales y facultades legales de intervención de las autoridades.

Lo que me preocupa, como estudiante de Ciencias Políticas y Derecho, es la facilidad con la que podemos aceptar nuevas reglas sobre nuestros derechos fundamentales sin preguntarnos quién las establece y hasta dónde pueden llegar. La protesta no le pertenece a una ideología. Le sirve a todos los pensamientos, al sindicato y al gremio transportador, al estudiante y al pensionado, a quienes marcharon contra el gobierno anterior y a quienes marcharán contra este. Las reglas que hoy se escriben pensando en el adversario, mañana pueden aplicársele a cualquiera.

Seguramente han escuchado que el Gobierno quiere limitar el derecho a la protesta en Colombia. Pero ¿realmente es eso lo que propone el nuevo decreto?

El Ministerio del Interior presentó un proyecto para modificar el Decreto 003 de 2021, que establece el protocolo de actuación de las autoridades durante las manifestaciones. La propuesta no exige permisos para marchar ni prohíbe las protestas. Busca precisar cuándo puede intervenir la Policía, cómo debe responder ante bloqueos, en qué circunstancias puede darse por agotado el diálogo y qué medidas deben adoptarse para proteger los derechos de quienes no participan en una movilización.

El Gobierno sostiene que las reglas actuales son insuficientes frente a una........

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