El país asistió atónito a un episodio sin precedentes: el Gobierno Petro, inconforme con las decisiones técnicas de la junta directiva del Banco de la República sobre las tasas de interés, ensayó una estrategia de presión asfixiante. La advertencia del ministro de Hacienda de romper el cuórum y faltar deliberadamente a las sesiones no era un simple berrinche político; era una amenaza de bloqueo de facto contra la autoridad monetaria y crediticia.

La presión del Ejecutivo se amparaba en el artículo 35 de los estatutos del Banco (Decreto 2520 de 1993), que consagraba la presencia del ministro como un requisito obligatorio de validez para que la junta pudiera sesionar y decidir. En la práctica, esto equivalía a otorgarle al Gobierno un “poder de veto” o un botón de pánico institucional: si la junta no bajaba las tasas al ritmo que el Gobierno consideraba, bastaba con que el ministro se abstuviera de asistir para bloquear al emisor. Una suerte de golpe blando contra la tecnocracia.

Afortunadamente,........

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