A raíz de los actos terroristas del pasado jueves, el gobierno reaccionó con altisonantes declaraciones de rechazo a la violencia, versiones encontradas y prematuras sobre los posibles criminales y el consabido consejo de seguridad. Hubo, sin embargo, dos novedades que no pueden pasar desapercibidas.

La primera, que no anunció una nueva declaratoria de Conmoción Interior, seguramente porque se percata de que la declarada el pasado enero para la región del Catatumbo y Cúcuta de poco o nada sirvió. La prueba de su ineptitud es patética; ya ni los instrumentos extraordinarios le sirven. De otro lado, refiriéndose a los remanentes de las Farc y al Clan del Golfo, dijo que pedirá a la Agencia jurídica del Estado que se dirija a la Corte Penal Internacional para que “se haga un proceso contra ellos por delitos contra la humanidad”.

Qué pena pero nuestro Gran Timonel -porque nadie es perfecto en esta vida- se dio un tiro en el pie. La Corte Penal Internacional (CPI) actúa bajo el principio de complementariedad, lo que significa que solo interviene cuando los Estados no están dispuestos o no pueden investigar y juzgar los crímenes más graves. Este principio está consagrado en el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI. Esto mismo lo ha dicho la Corte Constitucional: “La competencia de la Corte Penal Internacional es........

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