El relato gubernamental sobre la protección a la infancia choca de frente con la realidad. Ni el presidente Petro ni el senador Cepeda han exigido con firmeza a los líderes de las disidencias, como Mordisco o Calarcá, la liberación inmediata de los menores reclutados. Sin embargo, sí han respaldado fallos judiciales que atenazan la capacidad de respuesta del Estado.

Un juzgado de familia ordenó recientemente suspender operaciones aéreas militares cuando exista la mínima sospecha de presencia de menores en los campamentos. En el contexto colombiano, donde el uso de adolescentes es una estrategia sistemática del ELN, el Clan del Golfo y las disidencias, una medida con un criterio tan elástico no actúa como protección, sino que se convierte en un salvoconducto que paraliza a la Fuerza Pública ante la simple amenaza de un rumor.

El Gobierno apeló el fallo, y era su deber legal y político hacerlo. No obstante, este debate no comenzó el 7 de agosto; viene de tiempo atrás. El actual mandatario y sus aliados descubrieron muy temprano que la infancia podía convertirse en la mejor barrera protectora para neutralizar el accionar de la Fuerza Pública. En administraciones anteriores, la oposición agrupada en el Pacto Histórico convirtió cada operativo militar en el que hubiera menores en un escándalo mediático contra el Gobierno de turno. No se trataba de una genuina objeción ética, sino de una estrategia deliberada. Mientras se maniataba a las tropas, las estructuras armadas que más tarde se convertirían en........

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