Con el cuatrienio de Petro llegó la “hora de la verdad” de los proyectos 4G y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Alberto Mariño, presidente de concesiones del Grupo Aval, advirtió que la ANI debe 8,9 billones de pesos por sentencias, laudos, árbitros y decisiones de amigables componedores, y propuso ajustar la Ley 1508, que asigna los riesgos de forma imprecisa y abierta a interpretaciones.

La ANI ha mostrado deficiencias notorias en la estructuración financiera de los proyectos y en el área legal, en la que confronta a abogados duchos sin personal idóneo. Esos procesos los subcontrata y deja la supervisión y la gestión en las interventorías.

La ANI instauró el programa de concesiones 4G con bombos y platillos en el Gobierno Santos para superar la corrupción y el malgasto, y corregir las concesiones anteriores entregadas “con la cédula”, que se extendían a 30 años así hubieran superado los valores financieros esperados. Autopistas del Café es el peor caso.

Para atraer capital privado, se concibieron las APP (Alianzas Público-Privadas), las que pretendían distribuir riesgos, manejar incentivos y castigos, pero resultaron dadivosas con los privados, lo que las hace supercostosas. La tasa de interés para remunerar el capital (y la deuda) es altísima (IBR 10 por ciento y superiores). Como los........

© Revista Semana