No encuentro hazaña democrática alguna en armar una Suprema Corte de Justicia al Acordeón, para que entre el gobierno y el partido la aprieten en cada caso hasta que toque la melodía de su elección. Ésa es una razón primordial para que siga el camino solitario de recursos internos contra la reforma judicial, pero no es la única.

Hay razones más materiales. Hoy corresponde hablar de uno de los costos de esa reforma. No lo que ya se gastó en una simulación de elección, sino lo que falta por pagar. El artículo décimo transitorio del Decreto de la reforma judicial ordena cubrir un importe equivalente a tres meses de salario integrado, de 20 días de salario por cada año de servicio prestado y todas las demás prestaciones a que tuvieran derecho, a cada persona juzgadora que concluya su cargo, máximo en la fecha en la que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección.

Los años de servicios prestados no son sólo los transcurridos mientras fungieron como titulares de órganos judiciales, sino desde que iniciaron su carrera judicial. Y eso no es una “indemnización”, es una “compensación” ante el atropello de su inamovilidad judicial........

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