El 16 de enero último entró en vigor la reforma a la Ley General de Salud, la cual pasó casi desapercibida en el debate público, eclipsada por la discusión sobre vapeadores y cigarrillos electrónicos. Sin embargo, sus implicaciones son profundas y preocupantes: miles de pacientes con enfermedades graves hoy enfrentan incertidumbre sobre su acceso a tratamientos de alto costo, como los relacionados con el cáncer, VIH/SIDA y la enfermedad renal crónica.

La reforma aprobada el 9 de diciembre de 2025 eliminó silenciosamente la obligación legal de destinar un porcentaje específico del Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI) a la atención de enfermedades graves y de alto costo, como cáncer, VIH/SIDA, trasplantes y cuidados intensivos neonatales.

Este porcentaje no era un detalle administrativo, sino un blindaje legal que garantizaba recursos para quienes enfrentan padecimientos que ponen en riesgo su vida. Con su eliminación, los recursos del FONSABI dejaron de estar etiquetados y ahora pueden destinarse a cualquier otra necesidad gubernamental, quedando sujetos a la........

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