CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En Puebla, se han aprobado reforma al Código Penal de esa entidad federativa para, supuestamente, combatir ciberdelitos. El discurso suena moderno: proteger a las personas frente a nuevas violencias propias del ecosistema virtual. Pero el contenido revela otra cosa. No es el “qué” lo que preocupa, sino el “cómo”. Especialmente cuando el poder estatal ha sido acusado de estigmatizar, perseguir y presionar a periodistas críticos —como Rodolfo Ruiz, director de e-consulta— con frases que harían ver moderado al propio expresidente López Obrador (https://acortar.link/tFxOHa). Lo que hay detrás es inquietante: una forma de gobernar que socava la palabra pública empobrece el debate y avanza hacia el control autoritario. Veamos.

Primero. Uno de los ejemplos más graves es el nuevo tipo penal de ciber asedio. Según el código penal poblano: Se castigará a quien, usando tecnologías de la información y la comunicación, insulte, ofenda o agreda de forma reiterada a otra persona, provocándole un daño en su integridad física o emocional. La redacción es deliberadamente ambigua. No aclara cuántas veces debe repetirse la conducta, ni en qué plazo. No distingue del servidor público del común de los gobernados. No define qué es una “ofensa” ni cómo se mide un “daño emocional”. Así, cualquier expresión crítica puede ser interpretada como acoso. ¿Un meme? ¿Un hilo de X? ¿Una crítica dura a un funcionario? Bajo esta norma, todo cabe. En realidad, apunta a perseguir la disidencia. Y lo hace en un contexto donde el gobierno........

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