CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Mañana martes 24 de marzo del 2026 la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá la constitucionalidad de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. No es una discusión técnica aislada. Es una discusión constitucional de fondo. Se discutirá si el derecho a la ciencia tiene contenido real o si debe permanecer como una declaración sin instrumentos para hacerlo efectivo.  Se discutirá si el Estado puede orientar la política científica nacional en función del interés público.  Se discutirá, en suma, si la ciencia es un derecho o un privilegio institucional. 

Primero. Se ha sostenido que la ley es discriminatoria porque privilegia el otorgamiento de estímulos del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras a investigadores de instituciones públicas. El argumento parece fuerte en apariencia, pero se debilita cuando se analiza desde la lógica constitucional del gasto público y del principio de igualdad material. El Estado no está obligado a distribuir los recursos públicos de manera idéntica entre instituciones públicas y privadas. Está obligado a utilizarlos en función del interés general. Esa es la diferencia central. Las universidades públicas se financian con recursos de todos los contribuyentes, tienen mandato social, acceso público y responsabilidad estatal directa. Las........

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