CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es un simple cambio de nombres ni un acomodo administrativo discreto. Es una redefinición profunda del papel del derecho constitucional y del compromiso del Estado con sus ciudadanos. La independencia judicial no es un favor ni un accesorio retórico: es el último refugio que tiene la ciudadanía para protegerse del abuso, la arbitrariedad y la imposición autoritaria. Hoy, la SCJN debe demostrar que la toga no se inclina, que el derecho no se compra y que la justicia no se alquila. Su misión no es complacer ni agradar. Es sostener la Constitución con temple y coherencia, incluso cuando hacerlo implique recibir ataques, aislamiento o incomprensión. Veamos.

Primero. El argumento de que la supuesta pérdida de "excelencia técnica" puede derivar en inseguridad jurídica y dañar la economía es un falso dilema hábilmente construido para buscar convencer a incautos y a grupos ajenos a las formas y modos de la práctica judicial. Se ha querido convencer a la sociedad de que el conocimiento jurídico profundo es exclusivo de un puñado de despachos o cúpulas académicas. Esto no solo es falso: es profundamente injusto. En realidad, la capacidad técnica no depende de la cuenta bancaria ni del linaje institucional. Depende de la ética del estudio y de la práctica cotidiana. Un juez que recorre salas municipales, que escucha a víctimas sin recursos, que........

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