CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Estado mexicano no ha extraditado, ha entregado. Los traslados recientes de presuntos capos de alto perfil a Estados Unidos no siguieron los cauces constitucionales ni los tratados internacionales. Se presentaron como actos de cooperación bajo el argumento de la seguridad nacional. Sin embargo, la seguridad nacional no constituye norma sustitutiva, no reemplaza al procedimiento de extradición, no suspende garantías ni autoriza atajos. Lo que aparece como legalidad es, en realidad, una apariencia jurídica que oculta una práctica contraria al principio de seguridad jurídica. La cuestión es clara: cada entrega debilita el Estado de derecho que debería fortalecerse.

Primero. La Constitución, la Ley en materia de extradición y los tratados bilaterales prevén con precisión el procedimiento de extradición. Ese marco incluye solicitud formal, revisión judicial, oportunidad de defensa, garantía de especialidad y condición de no aplicar la pena de muerte. El diseño responde a una doble lógica: proteger los derechos de la persona reclamada y preservar la soberanía del Estado frente a abusos. La entrega sumaria........

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