La presidenta Claudia Sheinbaum se convirtió en el centro de una controversia nacional tras anunciar una demanda contra el abogado de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. El caso no es menor. No solo está en juego su nombre. Está en juego el límite entre las libertades de expresión e información y el derecho al honor en tiempos de viralidad global. ¿Puede ventilarse este asunto en tribunales mexicanos? ¿Existe sustento jurídico? ¿Tiene sentido, aunque no se persiga ni consiga una indemnización económica? Conviene hacer precisiones. Veamos.

Primero. Durante años, México castigó penalmente la calumnia, la difamación y las injurias. Eso cambió. Hoy, esos delitos están derogados tanto en el fuero federal como en la Ciudad de México. ¿La razón? Evitar la criminalización del discurso y adecuar el marco normativo a los estándares internacionales en libertad de expresión, en sentido amplio. Pero la desaparición de estas figuras del Código Penal no dejó desprotegidos ni al honor, la vida privada ni a la imagen de las personas. Solo mudaron de territorio: del penal al civil. En la capital del país, esa transformación fue más profunda. Se creó una ley especial para proteger los derechos de la personalidad ante la afectación de esas prerrogativas fundamentales. Se trata de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, en vigor desde hace casi una década. Esta norma reconoce que existe un patrimonio moral, distinto al económico, que también puede ser dañado por el ejercicio abusivo de la libertad de........

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