El enemigo ya no viste uniforme ni se oculta en la selva. Hoy parece camuflarse entre hashtags, perfiles anónimos y foros digitales. El “enemigo interno” se reconfigura como disidente virtual, como voz crítica en redes, como ciudadano que no encaja en la narrativa oficial. Y frente a él, el Estado moderno no siempre responde con derecho, sino con vigilancia. En efecto, no es una exageración. Es una advertencia. Porque si la democracia digital se construye sobre miedo y monitoreo, el derecho deja de ser escudo para convertirse en arma. Y ese giro no es accidental. Es estructural. Veamos.

Primero. La categoría de “enemigo interno” ha sido históricamente útil para justificar excepciones al Estado de derecho. En dictaduras y democracias el aparato de poder ha delimitado quién merece garantías y quién debe ser vigilado.

En la era digital esa distinción no depende de conductas probadas, sino de patrones de comportamiento. Basta con pertenecer a un grupo, compartir una idea o usar determinadas palabras clave. Nuestras búsquedas, mensajes, trayectos, afinidades y contactos son procesados por sistemas de predicción que asignan niveles de riesgo.

Según la ONG Access Now, más de 16 países en América Latina ya utilizan herramientas de vigilancia masiva con inteligencia artificial, sin controles judiciales efectivos (2024). Esto incluye desde el uso de drones hasta el análisis automático de redes sociales por agencias estatales. El efecto es doble.

Primero, inhibidor: muchas personas evitan expresar opiniones por miedo a represalias. Segundo, estigmatizante: ciertos perfiles sociales o ideológicos quedan marcados como potencialmente disruptivos. De ahí que los activistas, periodistas, defensores de derechos humanos o pueblos indígenas........

© Proceso