La persona que huye en un accidente lo haya provocado o no, además de incurrir en el delito si es responsable, comete otro, el de deber de socorro. Esta suerte de conducta criminal representa un delito de omisión impropio: una persona está obligada a socorrer a otra si no hay riesgo para su vida. Cuando un cargo público o un agente de la autoridad omite el deber de cuidado que se le atribuye como garante de una vida, comete un delito de omisión de garante —un delito de omisión propio—, eventualmente con resultado de muerte. Si la acción criminal se perpetúa o continúa en el tiempo y el agente se encuentra en flagrante delito, es obligación de la autoridad proceder a su detención inmediata —in fraganti.

La extraordinaria acumulación de acciones delictivas de Pedro Sánchez, la concurrencia en el tiempo y en el espacio de sus actuaciones criminales y su continuidad no pueden quedar impunes por leyes en blanco, por ausencias u omisiones de la Constitución, sin duda la peor de todas las constituciones, desde la invasión napoleónica. Su condición de presidente no puede ser una patente de corso para quedar impune. La ley contempla que en caso de flagrante delito incluso el presidente del gobierno puede ser detenido por orden de la fiscalía del Tribunal Supremo sin más trámite.

La mendacidad e impostura continuada de un converso, de la ciencia a la superstición, como quien representa esa fugaz estrella del Cristo, puede ser un delito moral, pero no un delito público. Los delitos acumulados de Sánchez, sí responden, por el contrario, a una capacidad fáctica, a delitos públicos. El delito de receptación, la retención de los bienes y servicios que obtiene de sus adláteres y esbirros, hacen de Sánchez tan reo de culpa como los comitentes que le sirven y hacen verdad sus propósitos, como último beneficiario. En Europa proliferan este tipo de delincuentes.

Las muertes provocadas por sus política son tantas que no pueden siquiera recordarse. Y está en la mente de todos las múltiples veces que Sánchez ha tratado de impedir el ejercicio de las libertades públicas, y tantas otras en las que alienta, sino indulta, a sus acólitos violentos o impedir la participación del ciudadano, arruinarles fiscalmente, o ignorar su participación política, ignorando el Congreso. Podría parecer sorprendente con que facilidad Sánchez logra que prospere la canalla de RTVE y Atresmedia que compiten por prodigar la basura y destruir la opinión pública. Superándose a sí mismos, ahora no ofrecen noticias, las inventan tanto más que las esconden o silencian.

Esta asimetría entre verdad y falsedad no es accidental. Es el resultado de una reificación de la realidad por parte de amplios sectores mediáticos, políticos y burocráticos: se construye una narrativa ideológica (la doctrina del multiculturalismo relativista: «la vida de los negros», «la vida de los mendigos», «la vida de los inmigrantes» importan) donde se predica la «diversidad» como un valor superior a la cohesión y luego se manipula y se oculta la realidad (incluidos los datos estadísticos, los testimonios de víctimas y las imágenes de acoso policial) para que encaje su narrativa en ella. Cuando la realidad se resiste, o se la silencia, o se la relativiza o se atribuyen los crímenes a «brotes psicóticos», a «pobreza estructural», a «manzanas podridas» o a «agitadores de ultraderecha». Una pléyade de causas externas para justificar el exterminio. El escenario está repleto de contradicciones legislativas sistemáticas, los ejemplos se acumulan hasta formar un patrón coherente de destrucción cultural. Repasemos algunas expresiones de estas contradicciones.

Se aprueban leyes de bienestar animal que exigen aturdimiento previo de la opinión pública y, simultáneamente, se mantienen exenciones para el sacrificio ritual halal y shechita sin atisbo alguno de responsabilidad. Se legisla la igualdad formal entre hombres y mujeres y se toleran consejos........

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