«La política se funda en la confianza; cuando esta se rompe, todo lo demás comienza a resquebrajarse.» Hannah Arendt

En política hay momentos en los que los discursos dejan de importar y son los hechos los que terminan hablando por sí solos. Promesas que se contradicen con la realidad, compromisos internacionales que cambian según el interlocutor y decisiones que se explican de manera distinta dentro y fuera del país terminan dibujando un problema que trasciende a cualquier gobierno: el valor real que tiene la palabra pública.

De ciertos personajes no merece la pena ocuparse demasiado: llevan tantos años desmintiendo con sus actos lo que proclaman con sus palabras, cambiando la verdad según sopla el viento y confundiendo poder con razón, que insistir en describirlos es una pérdida de tiempo. A estas alturas, su retrato lo han pintado ellos mismos y lo único coherente es tomar nota y obrar en consecuencia.

Creo que todo está dicho cuando se accede al poder acusando al ejecutivo anterior de corrupción y prometiendo ante el país una etapa de regeneración política —aquella promesa fue uno de los pilares de su legitimidad inicial— y, sin embargo, la realidad ha terminado dibujando un cuadro muy distinto. No solo no se ha producido la regeneración anunciada, sino que el país atraviesa hoy un clima de deterioro institucional y de escándalos que difícilmente encuentra precedentes en la etapa democrática actual. Cuando una promesa tan decisiva se desmiente con los hechos, no se trata de una simple discrepancia política: es la palabra pública la que queda comprometida.

Ese mismo patrón —la distancia entre lo que se proclama y lo que finalmente se hace— aparece también en la política exterior. Tras casi tres cuartos de siglo de alianza y de bases compartidas, negar solemnemente ante la opinión pública el uso de unas instalaciones conjuntas mientras, al mismo tiempo, se oculta que al embajador del país aliado se le asegura exactamente lo contrario —algo que solo se conoce cuando el propio aliado lo hace público— constituye un episodio tan singular que termina revelando algo esencial: en política internacional, la palabra de un país vale exactamente lo que valen sus hechos.

A ese episodio se suma otro igualmente revelador. En la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya, los aliados aprobaron una declaración final consensuada en la que se fija el objetivo de elevar el gasto en defensa y seguridad hasta el cinco por ciento del PIB en el horizonte de 2035. España no bloqueó ese consenso y el documento fue adoptado colectivamente por los países miembros de la Alianza. Sin embargo, inmediatamente después el Gobierno español sostuvo que ese objetivo no obligaba realmente a nuestro país y que España podría cumplir los compromisos de capacidades con un nivel de gasto inferior.

El resultado es una escena políticamente incómoda: un acuerdo colectivo cuyo significado parece variar según quién lo explique. Visto en conjunto, no se trata de episodios aislados, sino de un mismo patrón que se repite con inquietante regularidad: la distancia entre lo que se promete, lo que se firma y lo que después se afirma públicamente.

Y todo ello, además, al margen del Parlamento, que es donde en una democracia deben explicarse y debatirse decisiones de esta naturaleza.

Las formas de hacer política tienen siempre consecuencias, y las de esta trascendencia no suelen recaer sobre quienes las practican, sino sobre quienes ni las conocen ni las deciden: los ciudadanos. Porque cuando un gobierno administra así la palabra de su país, no solo compromete una coyuntura o una operación concreta; erosiona algo mucho más difícil de reconstruir: la confianza que........

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