Alicia García (PP) sopapea a Marlaska, Montero y Sánchez por despreciar a los dos guardias civiles asesinados en Huelva

‘Chiqui’ Montero cava su tumba política al burlarse de las muertes de los guardias civiles en Huelva

“Una nación se revela no sólo por los hombres que produce, sino también por los hombres a quienes honra y recuerda.”  John F. Kennedy

Cinco años después, algunas preguntas siguen sin respuesta

La candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía calificó recientemente como “accidente laboral” la muerte de dos guardias civiles asesinados por una narco lancha en Barbate. Poco antes, el ministro del Interior había utilizado expresiones similares para referirse a unos hechos que no fueron fruto del azar ni de una fatalidad mecánica, sino de un episodio extremo de violencia criminal en el Estrecho.

Las palabras importan. Porque a veces una frase revela más sobre un tiempo político que cien comparecencias oficiales.

Cuatro guardias civiles han muerto en los últimos años en actuaciones vinculadas al narcotráfico en el sur de España. Y lo verdaderamente inquietante no es únicamente la brutalidad de los hechos, sino la sensación creciente de que el Estado llegó tarde, mal o insuficientemente preparado a una amenaza que llevaba años anunciándose.

Ese mismo ministro del Interior bajo cuyo mandato se produjo el desmantelamiento de OCON-Sur —la unidad especializada de la Guardia Civil creada para combatir el narcotráfico en el Campo de Gibraltar— había defendido durante años que la situación estaba bajo control. Entretanto, asociaciones policiales y mandos operativos denunciaban falta de medios marítimos y de equipamiento, plantillas insuficientes y una pérdida progresiva de capacidad disuasoria frente a organizaciones criminales cada vez más violentas.

Pero quizá la pregunta más inquietante no sea únicamente por qué se debilitó la presión contra el narcotráfico.

La verdadera pregunta es cuándo comenzó a cambiar la relación política entre el Gobierno español y Marruecos.

Porque resulta difícil comprender muchas de las decisiones posteriores sin retroceder hasta otro episodio aparentemente desconectado y que hoy, cinco años después, parece cubierto por una extraña capa de silencio institucional.

Hubo un tiempo en que España miraba a Marruecos con la prudencia propia de los viejos vecinos condenados a entenderse, pero también con la dignidad mínima de quien sabe que la soberanía no consiste únicamente en custodiar fronteras, sino en conservar intacta la capacidad de decidir sin temor.

No ocurrió de repente. No hubo una declaración solemne ni una rendición visible. Las naciones serias rara vez se inclinan de manera teatral. Lo hacen poco a poco: mediante silencios, rectificaciones discretas, prioridades alteradas y una extraña cautela allí donde antes existía firmeza.

Cinco años después del caso Pegasus, hay preguntas que continúan sin respuesta. Y el problema ya no es únicamente saber quién espió el teléfono del presidente del Gobierno. El verdadero problema es comprender qué consecuencias políticas, diplomáticas e institucionales tuvo aquel episodio sobre la relación entre España y Marruecos.

Porque el espionaje existió.

Eso ya no pertenece al terreno de las sospechas ni de las teorías. El propio Gobierno reconoció públicamente el 2 de mayo de 2022 que el teléfono móvil de Pedro Sánchez había sido infectado mediante Pegasus, el sofisticado software de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group. También se confirmó la infección del teléfono de la ministra de........

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