“La violencia comienza donde acaba la palabra” Hannah Arendt

Hay un momento especialmente delicado en toda democracia: aquel en que el adversario político deja de ser considerado un rival legítimo y pasa a ser presentado como una amenaza para el propio sistema.

Cuando ese lenguaje se instala, la política deja de ser una pugna entre proyectos diferentes y se transforma en una confrontación moral entre supuestos defensores de la democracia y presuntos enemigos de ella.

España conoce ese fenómeno desde hace demasiado tiempo. Y, precisamente por conocerlo, debería temerlo más que nadie.

Primero fueron las elecciones en Extremadura, después en Aragón y ahora en Castilla y León. Quizá lo que reclama la actualidad sea comentar el resultado de la consulta a castellanos y leoneses, pero permítanme que en esta ocasión no me ajuste a la ortodoxia marcada por la actualidad y fije mi atención en un aspecto, que al margen de los guarismos, me parece profundamente preocupante: el verdadero significado del lenguaje que se viene utilizando en la controversia política.

El aviso de la historia

La historia política española ofrece suficientes advertencias sobre el peligro de ese lenguaje.

Hace casi noventa años, el 1 de julio de 1936, en una de las últimas sesiones de las Cortes de la Segunda República antes de la Guerra Civil, se produjo un episodio que ilustra hasta qué punto puede degradarse el clima político.

Durante un debate extremadamente tenso, el diputado socialista Ángel Galarza dirigió al líder de la oposición monárquica José Calvo Sotelo unas palabras de tal gravedad que el presidente de la Cámara, Diego Martínez Barrio, intervino de inmediato declarando:

“Las palabras que acaba de pronunciar el señor diputado no pueden ser admitidas por la Presidencia.”

Por la gravedad de la intervención del diputado socialista, ordenó que aquellas palabras no quedaran recogidas en el Diario de Sesiones.

El alcance de aquel incidente parlamentario solo puede comprenderse recordando lo que sucedió pocos días después.

En la madrugada del 13 de julio de 1936, apenas doce días más tarde, José Calvo Sotelo fue secuestrado en su domicilio y asesinado en Madrid.

Aquel crimen conmocionó profundamente a la sociedad española y se convirtió en uno de los símbolos más perturbadores del deterioro institucional que precedió al estallido de la Guerra Civil.

Las democracias no suelen derrumbarse de un día para otro; empiezan a erosionarse cuando el adversario deja de ser reconocido como interlocutor legítimo.

Precisamente por eso conviene no olvidar episodios como el relatado: recuerdan hasta qué punto la degradación del lenguaje político puede acabar arrastrando a una sociedad hacia consecuencias que nunca deben producirse.

El pacto que quiso cerrar esa historia

Tras la guerra civil y la larga dictadura, España alcanzó uno de los acuerdos políticos más importantes de su historia contemporánea: la Constitución de 1978.

No fue un simple texto jurídico.

Fue, sobre todo, un acto de perdón mutuo entre hermanos para no volver a recorrer el camino que había conducido a la tragedia fratricida que desgarró a España. Quienes en 1978 se dieron aquel abrazo reconciliador habían padecido en carne propia las consecuencias; por eso su abrazo tenía la autenticidad del que sabe lo que perdona y lo que es perdonado.

Fue, ciertamente, un perdón imperfecto. Lo fue porque toda reconciliación entre quienes han sangrado lleva consigo renuncias, silencios y heridas que no terminan de cerrar del todo. Hubo víctimas que sintieron que su dolor quedaba sin reconocimiento, y memorias que se vieron obligadas al olvido para hacer posible la convivencia. Pero acaso la grandeza de aquel pacto resida precisamente en eso: en que, siendo imperfecto, siendo humano, fue capaz de fundar el periodo de paz y libertad más largo de nuestra historia. Porque los españoles de entonces entendieron algo que los de hoy haríamos bien en no olvidar: que la paz no exige santidad, sino generosidad; no pide olvido, sino renuncia a la........

© Periodista Digital